La organización agraria ARAG-ASAJA considera un varapalo para los viticultores de la DOCa Rioja la pérdida del valor de sus derechos de plantación de viñedo propuesta para 2018, porque ese valor ha sido fruto del trabajo de generaciones de agricultores y del esfuerzo de todos ellos en crear un modelo de calidad y de prestigio a través del control y del cumplimiento estricto de unas normas que han dado lugar a lo que hoy es el vino de Rioja.

La organización agraria cree positivo que se haya podido impedir la liberalización de derechos de plantación para mantener el control del potencial vitícola, sin embargo, estima que la nueva fórmula que se plantea de concesiones administrativas -que elimina el valor de los derechos anteriores y posteriores a la fecha prevista de puesta en marcha- perjudicará a los viticultores. Durante todos estos años, éstos han invertido muchísimos recursos económicos en la ampliación de sus explotaciones y también en el pago de los impuestos afectos a estas compras (IVA ó transmisiones patrimoniales) calculados sobre el importe por hectárea fijado por Hacienda. Con el cambio de situación, muchas de estas inversiones no se podrán amortizar.

En todo caso y dado que la pérdida del valor de los derechos ya parece un hecho, puesto que así lo han consensuado el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, la organización riojana considera que cuanto más se retrase la fecha de entrada en vigor (hasta 2030), menos perjuicio ocasionará a los viticultores y más margen de planificación tendrán para el desarrollo de su actividad.