Esta semana se ha reunido la Mesa catalana de la Viña y el Vino para explicar las modificaciones previstas en el anteproyecto de la Ley vitivinícola. Dado que ya se dispone de la última versión del Real Decreto por el que se regula el potencial vitícola, se ha analizado los aspectos más importantes relativos a cuestiones como la regulación del propio potencial vitícola y los criterios para el reparto de los derechos de plantación.

Al respecto, se ha iniciado un debate en el que la mayoría de entidades han considerado muy perjudicial un proyecto de norma que se establece con una voluntad claramente centralizadora en cuanto a los criterios que se quieren aplicar, y en el que se ha considerado que uno de los principales peligros radica en el hecho de que la decisión de cómo repartir cuestiones como los derechos de nueva plantación se haga desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) siguiendo criterios que nada tengan que ver con la realidad y las necesidades de cada una de las zonas vitícolas del Estado.

Así, Jordi Bort, director general del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), ha afirmado que «desde el Departamento se tiene muy claro cuáles son las competencias que en materia vitivinícola debe asumir y tiene derecho a asumir Cataluña, y en este sentido se presentará las alegaciones y recursos que se considere pertinentes poner al proyecto de Real Decreto «.

Aparte de las iniciativas jurídicas que se puedan emprender desde Cataluña al respecto del proyecto de Real Decreto estatal, y dado que el Gobierno tiene previsto publicar el Real Decreto del potencial vitícola antes del próximo 31 de julio, este será el marco que prevalecerá en Cataluña durante unos meses, hasta la entrada en vigor del Decreto catalán que se está desarrollando para recoger las competencias con las que se considera que hay que regular el potencial vitícola en el territorio catalán, y que no estará vigente hasta bien entrado el año 2016.

La mayoría de representantes en la Mesa han manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo en el momento en que sea necesario desplegar los preceptos del Real Decreto en el ámbito de Cataluña, aunque también se ha hecho patentes algunos matices en cuestiones concretas como los criterios de admisibilidad y de prioridad en el reparto de derechos.

Jordi Bort ha emplazado a todos los miembros de la mesa a ir llegando a acuerdos puntuales con el objetivo de alcanzar «un acuerdo global de posicionamiento del futuro del sector vitivinícola en Cataluña ante el Gobierno central», palabras que han aprovechado algunas entidades de la mesa para reclamar el inicio de un debate pautado y sereno en relación al futuro que se quiere dibujar para Cataluña en cuanto a la ordenación del sector y del potencial vitivinícola más allá de la modificación puntual que supone la ley vitivinícola catalana . Fuente: DAAM