Ante la prórroga de un año del veto ruso a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea, anunciada el miércoles por Vladimir Putin, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) solicita al Ministerio de Agricultura que exija de forma inmediata a la UE el mantenimiento del reglamento comunitario de medidas compensatorias, (cuya aplicación finaliza el próximo 30 de junio), y la puesta en marcha de un presupuesto específico adicional que mitigue el impacto del veto en la renta de los fruticultores. «Los agricultores españoles no pueden pagar, un año más, la factura de una crisis geopolítica. Es injusto e inaceptable», ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG, al tiempo que ha añadido que “el anuncio de la prórroga pone contra las cuerdas a más de 45.000 explotaciones frutícolas en nuestro país”.

En ese sentido, es necesario que las autoridades comunitarias prioricen la cosecha en verde y no cosecha, aumenten las indemnizaciones de retirada de producto con destino a ONGs, centros benéficos, alimentación animal o compostaje, las ayudas para transformación en zumo y amplíen la lista de productos que pueden acogerse a estas medidas a las frutas de hueso, (nectarinas, melocotones y paraguayos), y otros productos afectados que en el anterior programa de apoyo se quedaron fuera. «En apenas dos semanas, las frutas de hueso alcanzarán el pico de campaña. La incertidumbre está provocando el hundimiento de los precios de paraguayos por debajo de costes, y en otros productos, caso del melón y sandía, los precios se han situado por debajo del umbral de rentabilidad (0,18€/Kg, mientras que los costes producción medios se sitúan en 0,20€/kg). Afrontamos el verano con gran preocupación, ya que la crisis de precios no afectará sólo a las frutas que se exportaban a Rusia, sino que puede salpicar, por efecto dominó, a todo el sector hortofrutícola en su conjunto», ha afirmado Blanco.

Asimismo, es necesario que los agricultores puedan acogerse de forma individual a estas medidas sin necesidad de pertenecer a una Organización de Productores (OP), para garantizar la efectividad del paquete de medidas en el conjunto del sector. Además, se debe evitar la especulación en la cadena de valor alimentaria, tanto en el ámbito del Estado como a nivel de la UE, de tal manera que los precios en destino se adecuen con rapidez a la situación de precios en origen y, por otro lado, se controlen las caídas injustificadas en productos no afectados. Por ello, desde COAG solicitamos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que extreme la vigilancia y aumente los controles para detectar prácticas comerciales abusivas por parte de las grandes cadenas de distribución.