El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) notificó durante el mes de mayo la presencia de diversas materias activas fitosanitarias no autorizadas en producciones agrícolas procedentes de terceros países. Ante estos datos, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha reclamado a Bruselas un incremento de las inspecciones en los puntos de entrada comunitarios.
Egipto se situó a la cabeza de las notificaciones del portal europeo durante el mes pasado. Entre los rechazos registrados figuran partidas de naranjas interceptadas en Holanda con restos de dimetoato y oxamyl, así como limones en Chipre con residuos de clothianidin y chlorpyrifos. Italia también emitió un aviso tras detectar melocotones con varias de estas sustancias, mientras que diversos lotes de tomates fueron rechazados por contener chlorpyrifos.
Turquía también registró reiteradas incidencias en el envío de productos agrarios. Las autoridades europeas paralizaron pimientos turcos por la presencia de cyflumetofen, fosthiazato y formetanato, además de tomates con indoxacarb, una materia activa actualmente suprimida en la Unión Europea. A estos países se suman otras notificaciones relacionadas con arroz basmati de Pakistán, aguacates de Perú con exceso de cadmio, y diversas alertas vinculadas a Vietnam y China.
La presión sobre las fronteras
Desde la organización agraria valenciana señalan que estas incidencias evidencian deficiencias en materia de seguridad alimentaria por parte de algunos países exportadores. El presidente de la entidad, Cristóbal Aguado, ha defendido que las producciones europeas ofrecen mayores garantías de trazabilidad y sostenibilidad frente a unas importaciones que, además de generar una mayor huella de carbono, presentan riesgos derivados del uso de sustancias químicas no autorizadas.
Por ello, el colectivo insta a las instituciones comunitarias a adoptar medidas contundentes frente a los orígenes que acumulan este tipo de avisos de manera recurrente, con el objetivo de no comprometer la salud de los consumidores ni perjudicar la competitividad de los agricultores europeos.
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