El Pleno del Parlamento Europeo debatió ayer miércoles 7 de octubre con representantes de la Comisión y del Consejo el estado de las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual de la UE para 2028-2034. Varios de sus portavoces advirtieron de que la Cámara no dará luz verde a un presupuesto recortado.
Siegfried Mureşan (PPE, Rumanía), uno de los coponentes, aseguró que la Cámara «no aprobará un presupuesto que no nos permita lograr nuestros objetivos» ni que limite su capacidad de reaccionar ante crisis o eventos inesperados. Recordó que la Comisión propuso para 2028-2034 un presupuesto del 1,15 % de la renta nacional bruta de los Estados miembros, frente al 1,14 % del actual, y sostuvo que cualquier reducción adicional debilitaría a Europa. Según sus cifras, los presupuestos nacionales han crecido un 68 % en estos siete años mientras el marco comunitario se queda atrás, algo que, a su juicio, desmiente la percepción de que el presupuesto de la UE no deja de crecer.
La otra coponente, Carla Tavares (S&D, Portugal), afirmó que la UE ya no se enfrenta «a crisis puntuales, sino a cambios estructurales» y reclamó una respuesta ambiciosa. Subrayó que el Parlamento no pide más dinero, sino alinear los recursos con las responsabilidades de la Unión. En su opinión, la elección no es entre una Europa barata y una cara, sino entre una infrafinanciada, que salta de crisis en crisis, y una bien financiada, preparada para anticiparse.
Prioridades comunes, nuevas fuentes de ingresos
Según el Parlamento, todos coinciden en que Europa necesita un presupuesto más fuerte para abordar prioridades como la competitividad, la independencia energética, la seguridad, el clima, la educación y la salud. Sin embargo, señala que algunos en el Consejo defienden un presupuesto más pequeño y rechazan habilitar nuevas fuentes de ingresos. Tavares calificó esa postura de «pedir una Europa de primera clase con un presupuesto de segunda» y de contradicción que acabará perjudicando a los europeos.
Los oradores de la mayoría de los grupos políticos reafirmaron la posición fijada por la Cámara en abril de 2026: un presupuesto sólido, realista y con nuevas fuentes de ingresos, que beneficie a los ciudadanos, reduzca la desigualdad y garantice recursos adecuados para políticas clave, entre ellas la agricultura, la cohesión regional y la financiación social. También pidieron máxima transparencia y rendición de cuentas sobre cómo se gastan los fondos.
En esa posición, el Parlamento reclamó un incremento de alrededor del 10 % respecto a la propuesta de la Comisión de julio de 2025, para financiar prioridades como la defensa y la seguridad, la competitividad, la cohesión y la agricultura. Propuso además nuevas fuentes de ingresos para reducir la presión sobre las contribuciones nacionales: una tasa sobre los servicios digitales, otra sobre las apuestas en internet, la extensión del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM) y una tasa sobre las ganancias con criptoactivos.
El Consejo, a la espera de la propuesta irlandesa
La Cámara aguarda la posición común de los Estados miembros para continuar las negociaciones. La presidencia chipriota del Consejo propuso un recorte del 2 % respecto a las cifras de la Comisión, y la irlandesa presentará su propuesta este sábado 10 de octubre. El ministro irlandés para Asuntos Europeos, Thomas Byrne, avanzó que el objetivo es avanzar hacia un acuerdo, aunque admitió que lograr un compromiso requerirá decisiones difíciles.
El comisario de Presupuesto, Piotr Serafin, lamentó que algunas capitales sigan mirando el presupuesto comunitario «como los contables a las hojas de cálculo», centradas solo en ingresos y gastos, un enfoque que consideró equivocado y todavía más con el modelo actual. Insistió en que el presupuesto sirve para afrontar desafíos comunes que los Estados miembros no pueden abordar solos.
Para salir adelante, el marco presupuestario requiere una decisión unánime del Consejo y la aprobación del Parlamento por mayoría absoluta de sus miembros. La Cámara recuerda que más del 93 % del presupuesto comunitario va directamente a programas que benefician a los ciudadanos de los Estados miembros, y que solo el 7 % es gasto administrativo.
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