El sector vitivinícola acumula años de crisis de precios en origen y la normativa europea que debería activar las ayudas al arranque de viñedo no estará operativa hasta julio de 2026, como pronto. Mientras Francia ya ha movilizado 250 M€ para retirar 60.000 ha en dos años, en España el debate sigue sin resolverse. Así lo han denunciado esta semana Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el marco de una reunión sectorial celebrada en Madrid, y la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG), que ha reclamado a su gobierno regional que actúe con fondos propios ante la inacción del Ministerio de Agricultura.
Julio llega y la normativa aún no está lista
Unión de Uniones advierte de que la convergencia de tres factores puede agravar aún más la situación del sector productor: el retraso de la reglamentación comunitaria del Paquete vino hasta julio de 2026, la falta de prospección autonómica de las superficies susceptibles de arranque y unas previsiones de cosecha que apuntan a volúmenes elevados de vino y mosto. Según la organización, ese escenario de incertidumbre seguirá presionando a la baja los precios de la uva y del vino en origen, poniendo en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones vitícolas.
La organización considera que la ficha financiera de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), dotada con 202,14 M€, debe reservarse íntegramente para quienes deseen continuar con la actividad, no para financiar una retirada de superficie mal planificada. Y en paralelo, reclama que esa Intervención Sectorial sea de carácter obligatorio para los Estados miembros en la próxima PAC 2028-2034, con una dotación económica al menos equivalente a la actual y sin la cofinanciación del 30 % que figura en los borradores actuales.
La comparación con el país vecino es, a juicio de la entidad, especialmente reveladora. «No es de recibo que mientras Francia ha puesto encima de la mesa 250 M€ en dos años para el arranque de en torno a 60.000 ha con fondos de Estado, además de 40 M€ para destilación de crisis, aquí estemos esperando a resolver la duda de si son galgos o podencos, si los fondos ha de ponerlos la Administración central o las CCAA, ocupadas en muchas ocasiones en el reparto de carteras que obvian el desastre que se avecina en base a las previsiones de la próxima vendimia», señalaron los responsables del sector en Unión de Uniones.
La Rioja no espera al Ministerio
En ese contexto de parálisis estatal, la UAGR-COAG ha dado un paso más y ha reclamado directamente a la Consejería de Agricultura de La Rioja que ponga en marcha un plan de arranque financiado con fondos propios del Gobierno riojano, siguiendo el precedente de las ayudas a la destilación que ya se articularon por esa vía. La organización critica que el Ministerio de Agricultura no haya implementado la normativa necesaria para que el arranque subvencionado con fondos europeos pueda ejecutarse en 2027 y considera que esa desidia no puede seguir trasladando la responsabilidad a las comunidades autónomas sin ningún tipo de apoyo.
El sindicato riojano subraya, no obstante, que cualquier plan de arranque debe ser voluntario y debe priorizar a los viticultores profesionales. Y antes de redactar la correspondiente orden de ayudas, reclama un estudio detallado del viñedo riojano —con los datos que ya obran en poder de la Consejería— que contemple las características del titular, la edad de las cepas y las variedades implantadas. El objetivo es evitar que una medida mal calibrada desde los despachos provoque el desmantelamiento del sector en determinadas zonas o la descapitalización de cooperativas.
Fraude en alcoholes y descenso del consumo global
Más allá del arranque, Unión de Uniones trasladó a la reunión otras dos preocupaciones de calado. La primera, la tendencia de las bodegas a reducir la demanda de uva a sus proveedores, un fenómeno que se está extendiendo por numerosas denominaciones de origen protegidas, entre ellas Rías Baixas, Ribera del Duero y Cava, en un contexto de producción potencialmente alta condicionada por la climatología de los próximos meses.
La segunda, la constatación de prácticas fraudulentas reiteradas: la sustitución de alcoholes vínicos por alcoholes de otros orígenes, tanto en vino como en mosto, a lo largo de las últimas campañas. La organización ha exigido una mayor efectividad en los controles por parte de las administraciones competentes. Todo ello en un marco en el que, según la entidad, ni el Reglamento del Paquete vino ni los esfuerzos comerciales de la oferta logran frenar el descenso estructural del consumo de vino, tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo.
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