La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado de que el Real Decreto 916/2025, que modifica el artículo 40 del Real Decreto 1047/2022 sobre gestión y control de las intervenciones de la Política Agraria Común (PAC), puede convertirse en un obstáculo insalvable para miles de agricultores y ganaderos. La organización agraria considera que la nueva normativa desconoce la realidad del campo español y amenaza la continuidad de explotaciones que aprovechan tierras en zonas rurales despobladas.

Una exigencia que ignora la realidad rural

El nuevo texto endurece los requisitos para acreditar el derecho de uso de las parcelas agrícolas y ganaderas, exigiendo documentación formal que acredite la disposición de las fincas. Según COAG, esta medida pasa por alto la situación de amplias zonas rurales donde los acuerdos verbales entre propietarios y usuarios son una práctica tradicional y generalizada, especialmente en minifundios, pastos o tierras marginales.

En muchos casos, la formalización de estos acuerdos no se realiza por escrito ni con contraprestación económica significativa. “El propietario también se beneficia al mantener las parcelas limpias y cuidadas, evitando que la maleza y el monte las invadan”, subraya la organización. El problema se agrava en territorios donde el fallecimiento de los propietarios o la falta de herederos localizables imposibilita cualquier contacto, una situación habitual en la España vaciada.

Riesgo para el acceso a la reserva nacional de derechos

Uno de los aspectos que más preocupación genera en COAG es la aplicación de estos requisitos a las solicitudes de derechos de ayuda básica a la renta procedentes de la reserva nacional. La nueva normativa obligará a los solicitantes a aportar documentación que acredite la disponibilidad de todas las parcelas incluidas, sin importar su tamaño.

La organización advierte de que esta exigencia puede disuadir a jóvenes agricultores interesados en instalarse en zonas despobladas, donde los acuerdos verbales siguen siendo la forma más común de acceso a la tierra. COAG insiste en que la falta de documentación no es responsabilidad de los productores, sino de las propias condiciones estructurales del medio rural.

Un retroceso en la prevención flexible del fraude

COAG reconoce la importancia de prevenir el fraude en la declaración de parcelas sin autorización del propietario, pero considera que el nuevo enfoque elimina mecanismos de control razonables. Hasta ahora, los propietarios podían identificar las parcelas no declarables y las comunidades autónomas podían establecer un umbral mínimo de superficie —de hasta 2 hectáreas— por debajo del cual no se exigía documentación formal.

“La eliminación de esta referencia supone un paso atrás, ya que era una solución sencilla para un problema complejo”, lamenta la organización agraria, que califica la reforma de contradictoria y desproporcionada.

Petición de una aplicación flexible y adaptada al territorio

COAG pide una revisión de la norma que mantenga los objetivos de transparencia y control, pero adaptada a la realidad de los territorios rurales. La organización reclama que las circulares del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) permitan a las autoridades autonómicas flexibilizar los controles en función de las circunstancias locales, evitando exigir contratos firmados o justificantes bancarios en situaciones donde las cesiones verbales son la única vía posible de acceso a la tierra.

Los acuerdos verbales, una práctica ancestral en el campo español

Los acuerdos verbales para el uso de tierras agrícolas y ganaderas forman parte del acervo histórico del medio rural. Su origen se remonta a los siglos XVI y XVII, cuando las comunidades campesinas se regían por el derecho consuetudinario, y la palabra dada tenía validez jurídica.

A lo largo del tiempo, esta costumbre se mantuvo en zonas de minifundio y baja rentabilidad agraria, donde formalizar contratos escritos resultaba más costoso que el valor de la cesión. En muchos casos, la compensación consistía en el mantenimiento de la finca o en entregas en especie.

En la actualidad, en amplias zonas de la España vaciada, estos acuerdos continúan siendo la forma más extendida de cesión de tierras. Constituyen una tradición viva basada en la confianza mutua y la cooperación vecinal que, durante generaciones, ha permitido mantener productivos territorios que de otro modo habrían quedado abandonados.