Ayer, 1 de marzo, se cumplieron dos años de los incidentes registrados en el entorno del Palacio de la Aljafería (Zaragoza) durante una protesta del sector primario que acabó en una causa judicial con varios agricultores investigados.
Foto: Alberto Tauste
Aquella movilización, enmarcada en las protestas agrarias de 2024, derivó en momentos de tensión en los accesos al recinto, con un dispositivo policial para frenar el avance hacia la sede de las Cortes de Aragón. En estos dos años, el caso ha seguido su recorrido en los juzgados y ha ido concretándose en distintos escritos de acusación.
En la fase actual, el procedimiento continúa contra tres encausados. La acusación particular vinculada a JUPOL solicita para ellos 18 años de prisión y les atribuye delitos como lesiones, atentado, desórdenes públicos y contra las instituciones, entre otros.
Acto de apoyo en el aniversario
En el entorno del sector, el asunto se sigue con especial intensidad desde que trascendió que, inicialmente, el procedimiento alcanzaba a cuatro agricultores. Uno de ellos era David Lafoz, que estaba entre los investigados por aquellos hechos y que meses después se suicidó. Tras su muerte, la causa continúa respecto a los otros tres encausados, y su nombre se ha convertido en un punto recurrente en los llamamientos de apoyo por el vínculo directo con el caso y por el impacto que su fallecimiento tuvo en su entorno.
La concentración de ayer se convocó con ese doble eje. El padre de David, Javier Lafoz, difundió un comunicado en el que explicaba que había solicitado permiso a título personal para celebrar una concentración pacífica en el mismo lugar de los hechos, con la intención de recordar a su hijo y, al mismo tiempo, trasladar apoyo a los tres encausados. El mensaje insistía en que el acto buscaba respaldar a las familias y visibilizar el rechazo a una eventual entrada en prisión.
A lo largo de la mañana, la Aljafería volvió a ser punto de reunión para parte del sector primario aragonés, en un encuentro planteado como gesto de acompañamiento y de presión pública mientras el procedimiento continúa su tramitación. La convocatoria contó también con el respaldo de UNASPI, que se sumó al llamamiento de apoyo a los encausados y a sus familias.
En paralelo, el entorno de los afectados mantiene activas distintas iniciativas de apoyo para afrontar gastos vinculados a la defensa y sostener la movilización en torno al caso.
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