La tractorada del 16 de enero volvió a concentrar en Burgos a un amplio grupo de agricultores y ganaderos, con una presencia destacada de tractores y paradas que complicaron la circulación en varios puntos del recorrido. La protesta, convocada en unidad de acción por organizaciones agrarias, se enmarcó en el rechazo al acuerdo UE-Mercosur y en la demanda de reciprocidad en las exigencias para la producción y las importaciones.
Con el paso de las semanas, aquella movilización ha derivado en un frente distinto al debate comercial. Tres responsables agrarios han quedado señalados en un expediente sancionador que, lejos de cerrarse, ha abierto un cruce de argumentos y un recurso en marcha.
Los afectados son la presidenta de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en Burgos, el presidente de ASAJA Burgos y el secretario general de UPA en Castilla y León.
Qué se discute al final del proceso
El objeto de la sanción es una infracción vinculada a las afecciones de tráfico registradas durante la protesta, al considerarse que las paradas y el atasco generado en la vía pública constituyen una conducta sancionable, con una cuantía fijada en 600€.
El recurso, por su parte, busca revisar esa imputación de responsabilidad personal a los dirigentes, y sostiene que la evolución de la movilización y los momentos de detención estuvieron condicionados por la propia gestión del tráfico durante la jornada, por lo que piden que se reevalúe el encaje de la sanción y a quién se atribuye.
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