El talón de Aquiles del sector agrario es la falta de rentabilidad que sufren los agricultores y ganaderos. Incluso en la actual inflación, el repunte de los precios en origen no ha llegado a cubrir los desorbitados costes de producción. La Ley de la Cadena Alimentaria –reformada en 2021 para acabar con la venta a pérdidas– no se está cumpliendo y es evidente que hay que avanzar más.
En este contexto una delegación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) nos reunimos esta semana con la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, y su equipo para analizar el funcionamiento de la normativa hasta ahora, mostrar la casuística de la agricultura valenciana y, en definitiva, unir fuerzas para potenciar la vigilancia e intentar evitar posibles abusos.
Ya conocía a Gema pero de este encuentro salí muy satisfecho por su receptividad y voluntad de colaboración con el sector de cara a conseguir un cumplimiento estricto y una interpretación en positivo de la Ley de la Cadena. A través de una exhaustiva documentación, los representantes de la AICA pudieron conocer en profundidad las cláusulas abusivas y los incumplimientos de contratos más habituales en nuestro campo, así como las sentencias donde los tribunales han dado la razón al agricultor con el objeto de disponer de mayor fuerza legal y capacidad de maniobra ante presuntas irregularidades.
Gema Hernández no solo agradeció esta información porque ayuda a detectar de modo más concreto dónde no se está acatando la legislación y así afinar la forma de actuación, sino que animó a los agricultores a trasladar a la AICA más denuncias para incrementar el número de investigaciones y sanciones a quien incumple.
Sin duda, el futuro de la Ley pasa necesariamente por una AICA preparada y valiente para frenar los abusos. Pero las administraciones deben dar mucho más de sí. Para empezar, el Gobierno tendría que poner en práctica un sistema de trazabilidad de precios para comprobar el beneficio que obtiene cada eslabón. Además, debería publicar costes medios de los diferentes cultivos para tener una referencia clara y que no dependa exclusivamente de cada agricultor, que en productos perecederos firmará lo que sea para no perder la cosecha. Para ello presentamos dos estudios efectuados por investigadores del IVIA que pueden servir de referencia en el caso de los cítricos.
Respecto a la obligación que, a partir del 30 de junio, tendrán los compradores de registrar digitalmente todos los contratos alimentarios, pedimos que cuando entreguen al productor el albarán de la cosecha recolectada, en ese mismo momento también se le proporcione el justificante de registro del contrato.
A nivel autonómico contamos con la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios (AVICA), la cual aspira a complementar la labor desde una mayor proximidad pero que, en lo que lleva de meses de funcionamiento, aún no ha demostrado unos resultados acordes a las expectativas generadas.
Todos estos pasos, unidos a una revisión de los acuerdos comerciales que impongan reciprocidad y eviten excesos de oferta, podrían iniciar un necesario cambio de rumbo. Porque si seguimos en la actual dirección nos vamos abocados al abandono de campos, al cierre de granjas, a más incendios, a más desierto y a alimentos más caros. ¿Es eso lo que queremos?
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