El sector lácteo español genera 6,5 millones de toneladas de leche al año, lo que supone apenas un 5% de la producción europea, concentrada en seis países, que aglutinan el 70% y dominan el mercado presionando a la baja en los precios.
Desde el 1 de abril, con el fin del sistema de cuotas, esta situación se ha agravado, ya que la liberalización del mercado de la leche ha dejado al sector en manos de la industria, que presiona al ganadero presentando propuestas de contrato con precios muy por debajo de los costes, llegando en algunos casos, incluso a “amenazar” con no recoger la leche si no se aceptan sus condiciones.
A todo ello se suma la importación de leche de Francia -de mucha menor calidad-, que satura el mercado y contribuye aún más a la caída de precios, produciéndose una clara situación de dumping. Por otra parte, está también la presión que ejerce la gran distribución que utiliza la leche como producto reclamo a precios irrisorios.
El objetivo de España a medio plazo debería ser lograr el autoabastecimiento – 9,5 millones de toneladas en leche y productos lácteos – y trabajar en el fomento de producto de valor añadido. Está claro, que lo que no puede seguir ocurriendo es que los ganaderos vendan la leche por debajo de costes y que se estén pagando entre 0,27 y 0,30 € por litro, cuando los gastos de producción están en torno a los 0,38 €/l
Para ello, entre otras cosas, desde la Unión de Uniones se considera necesario que se indemnice a los ganaderos por la pérdida de la cuota láctea, que habían comprado a lo largo de los años. Además, ante la inoperatividad de la Interprofesional Láctea (INLAC), es fundamental que el Ministerio de Agricultura tome cartas en el asunto y se creen mesas de negociación en la que se sienten todas las partes para conseguir precios justos que cubran los costes de producción.
Además, reclama que la multa de 88,2 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a varias industrias lecheras por prácticas anticompetitivas revierta de alguna manera en el sector, en lugar de ir directamente al Tesoro Público.
La organización también exige más protección frente a las importaciones de leche de Francia -más cara y de peor calidad-, así como que se promocione de manera efectiva el consumo de la leche nacional, tal y como hacen en otros países de Europa.
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