El anteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que ha sido tan defendido por el Ministro de Agricultura Arias Cañete y tan esperado por el sector, ha sufrido un fuerte varapalo con la publicación, ayer, de un informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)con respecto al mismo.
Según el informe de la CNC, el Anteproyecto generará inseguridad jurídica y una burocratización no necesaria y desproporcionada de las relaciones comerciales entre agentes de la cadena. También considera que tipifica como infracción administrativa determinadas prácticas comerciales que, de hecho, resultan eficientes y fomentan el dinamismo a lo largo de la cadena de producción.
La CNC tampoco está de acuerdo con el sistema de infracciones administrativas y régimen sancionador propuesto, ya que cree que generaría un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado al posibilitar la aplicación incoherente del régimen dependiendo del ámbito territorial de referencia.
El informe de la CNC arremete contra los dos principales pilares que contiene el anteproyecto de ley (la regulación de contratos y el Código de buenas prácticas mercantiles), ya que recomienda eliminar el catálogo de prácticas comerciales que se consideran abusivas en la Ley y, en consecuencia, el régimen sancionador administrativo previsto. En su lugar, se limita a proponer un Código voluntario.
También recomienda que se limiten las obligaciones que establece el Anteproyecto al ámbito de las relaciones comerciales continuadas, que son las que generan eventuales desequilibrios.
El Anteproyecto de Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria fue aprobado en octubre pasado por el Consejo de Ministros. Dicho Anteproyecto cuenta con dos ejes principales. Uno de ellos es que regula los contratos, estableciendo una batería de obligaciones como la de formalizar por escrito los contratos alimentarios; prohibir determinadas prácticas comerciales, como modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos y regular otras, como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marcas y las subastas electrónicas.
El otro pilar es establecer un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos.
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