La Comisión Europea ha publicado un informe de la Red Europea de Competencia (REC) que demuestra que la aplicación de la normativa de competencia en el sector alimentario en toda Europa, en particular en los niveles de la transformación y la fabricación, ha beneficiado a los agricultores, proveedores y consumidores. El informe pone de manifiesto que el sector alimentario ha sido una prioridad para las autoridades de competencia de Europa en los últimos años y que la acción de éstas se ha intensificado desde que surgió la crisis de los precios de los alimentos en 2007. La REC reúne a la Comisión Europea y a las autoridades de competencia de los 27 Estados miembros.
Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión responsable de la política de competencia, ha declarado: «Las autoridades de competencia de toda Europa trabajan intensamente para garantizar que los mercados de productos alimentarios funcionen para los proveedores y los consumidores. Cuando se han detectado comportamientos anticompetitivos en cualquier nivel de la cadena de suministro alimentario, las autoridades de competencia los han abordado rápidamente. Podrían hacerse más cosas: algunos productores podrían reestructurar y poner en común sus actividades para ganar eficiencia y algunos países aún tienen obstáculos normativos innecesarios en el nivel minorista. Las autoridades de competencia están preparadas para ayudar a abordar estas cuestiones a nivel nacional y de la UE».
El informe proporciona información detallada y conclusiones sobre cómo funciona la competencia en el sector de la alimentación, basándose en las actividades más recientes realizadas tanto por la Comisión Europea como por las autoridades nacionales de competencia en este ámbito (véase MEMO/12/373).
Desde 2004 hasta 2011, las autoridades de competencia europeas han investigado más de 180 casos de antitrust, se han adoptado cerca de 1 300 decisiones sobre concentraciones y se han emprendido más de 100 medidas de supervisión. El mayor número de casos guardaban relación con la transformación y fabricación y, en menor medida, el nivel minorista. Se han prohibido más de 50 carteles que implicaban la fijación de precios, el reparto de clientes y mercados y el intercambio de información comercial sensible, al igual que prácticas de exclusión que perjudicaban a agricultores y proveedores.
En sus actividades de supervisión del mercado, las autoridades de competencia analizaron la manera en que funcionan los mercados de productos alimentarios. Gran parte de este trabajo puso de manifiesto que había muchos factores que explicaban la evolución desfavorable del mercado, distintos de la falta de competencia entre los operadores del mercado.
Las autoridades de competencia han pedido también reformas de la normativa tales como la modificación o supresión de leyes que obstaculizan el desarrollo del comercio al por menor y la adopción de códigos o leyes que aborden las prácticas comerciales desleales.
Por último, las autoridades de competencia han invitado a los productores a aumentar la eficiencia y a reforzar su posición en la cadena de valor a través, entre otras cosas, de la creación de cooperativas.
El sector alimentario seguirá siendo una gran prioridad para las autoridades europeas de competencia, que actualmente están investigando unos 60 nuevos casos de defensa de la competencia y realizando más acciones de supervisión. Como en el pasado, continuarán coordinando sus acciones a través de la Red Europea de Competencia y seguirán desarrollando esta cooperación en el futuro.
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