La ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, ha presentado una ampliación del plan agrícola de emergencia del Gobierno, con nuevas medidas centradas en la tesorería de las explotaciones y en la respuesta a la sequía estival, que se suman a los 1.300 M€ en ayudas ya previstos. El anuncio lo realizó durante el Sommet de l’Élevage (una de las ferias ganaderas más importantes del país galo), celebrado la pasada semana.
Estas medidas son el resultado de las reuniones mantenidas en septiembre con las cuatro organizaciones profesionales agrarias de Francia y las Cámaras de Agricultura. El plan parte de las opiniones recabadas sobre el terreno en agosto, y esas conversaciones pusieron de relieve la necesidad de reforzar aún más el flujo de caja de las explotaciones. Todas las ayudas se reservan a los agricultores que hayan sufrido pérdidas de producción este verano.
Las nuevas medidas son las siguientes:
– Préstamos sin intereses: varios bancos ofrecen ya préstamos para paliar la escasez de agua a tipos en torno al 2,5%, y el Gobierno asumirá el interés restante sobre un saldo vivo de 2.000 M€ en préstamos para la compra de piensos y otros insumos. Para un agricultor que contrate un préstamo al 2,5% a dos años, equivaldrá a un préstamo sin intereses.
– Reestructuración de préstamos para agricultores recién establecidos: cuando un banco conceda un aplazamiento del pago del capital al final del plazo de amortización, el Gobierno cubrirá los intereses y los gastos adicionales derivados de ese aplazamiento.
– Liberación acelerada de la reserva de 21 M€ del fondo de recuperación agrícola, a la espera de que la ayuda llegue a las cuentas de los agricultores.
– Rebaja fiscal sobre bienes inmuebles: el Gobierno reforzará la obligación legal de trasladar a los agricultores el alivio anunciado en septiembre y modificará los procedimientos tributarios con ese fin, ante la preocupación del sector por que no se les repercuta de forma adecuada.
– Diésel no de carretera (GNR): el programa de ayudas se reabre para abril, mayo y junio, porque no todos los agricultores pudieron presentar sus solicitudes a tiempo este verano debido a las labores del campo, y se prorroga cuatro meses, hasta finales de diciembre. Además, la movilización de 10 millones de barriles de diésel de reservas estratégicas, anunciada por el primer ministro, permitirá reducir su precio en las gasolineras para los agricultores entre 12 y 18 céntimos de euro, según las estimaciones del Gobierno.
– Fertilizantes: el plazo, también prorrogado hasta finales de diciembre, admite ahora registrar la solicitud con una factura aún no pagada o una orden de compra, sujeto a la presentación del justificante de pago. El Gobierno insta a presentar las solicitudes cuanto antes, porque próximamente finaliza el plazo de utilización de los 107 M€ en créditos europeos obtenidos por Francia.
– Refuerzo de personal: 200 trabajadores temporales reforzarán los servicios territoriales del Estado para agilizar la tramitación de las solicitudes y el pago de las ayudas.
– Reglamento de la Ley de Emergencia sobre Protección y Soberanía Agrícola (LUPSA): se acelera su publicación, incluida la ordenanza que simplifica la normativa ganadera y la legislación sobre almacenamiento de agua. Los textos más esperados saldrán antes de la próxima Feria Internacional de la Agricultura y, siempre que sea posible, antes de que acabe 2026.
– Seguro de cosechas: la sequía estival ha afectado gravemente a los pastizales y muchos agricultores han recurrido a sus reservas de forraje antes de lo habitual. El Gobierno, que cubre el 70% de la prima, trabaja para que esa subvención se deduzca directamente de la prima que paga el agricultor y abordará las cuestiones planteadas sobre el sistema, en particular la evaluación de pérdidas mediante satélites.
– Nuevo mapa de pérdidas: a mediados de octubre se publicará una nueva versión del mapa de pérdidas observadas a finales de septiembre.
– Comités departamentales de expertos: la ministra pedirá a los prefectos que los convoquen en octubre y, de nuevo, a finales de noviembre, una vez publicados los datos definitivos, para comparar los datos satelitales con las observaciones de campo.
– Procedimientos de apelación de las aseguradoras: se las alentará a simplificarlos y darles mayor publicidad, para que los agricultores puedan impugnar con facilidad la indemnización recibida.
– Análisis comparativo de los datos de las granjas de referencia y los datos satelitales, cuyos resultados se harán públicos respetando la confidencialidad de las explotaciones. Según el departamento, el objetivo es verificar la fiabilidad del sistema con total transparencia y, si fuera necesario, extraer conclusiones para mejorarlo.
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