La alianza formada por SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (E&L) ha interpuesto tres recursos contencioso-administrativos —uno contra cada licencia municipal— contra el proyecto fotovoltaico «Pinatar», promovido por el Grupo Zaragoza en los municipios de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar. La planta, de 93,17 MWp, contempla la instalación de 142.240 paneles solares sobre 160 hectáreas de suelo agrícola de regadío intensivo en el término de Murcia, con infraestructuras de evacuación que afectan también a terrenos de San Javier y San Pedro del Pinatar. Las acciones, presentadas ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, se enmarcan en lo que la alianza define como una macrocausa conjunta entre ambas asociaciones, la primera de este tipo que emprenden de forma coordinada.
Según explicó Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, «la ejecución de esta macroplanta supone la destrucción irreversible de suelos agrícolas en régimen de regadío intensivo y de una biodiversidad insustituible, ya que esta área limita con dos espacios Red Natura 2000, como son las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona’ y ‘Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor'».
Los recursos se dirigen contra los ayuntamientos de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar, a los que la alianza reprocha haber concedido las licencias sin atender a la legislación murciana, que exige una ordenación territorial específica para este tipo de proyectos antes de autorizar su ejecución.
Más allá de la pérdida de suelo
La organización vincula esta actuación judicial con el respaldo social a una regulación más estricta para la implantación fotovoltaica: según el informe Efectos sociales, económicos y territoriales de las plantas solares fotovoltaicas en el medio rural en España, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), un 91,8% de la población reclama una normativa específica que proteja el suelo agrícola frente a la expansión de este tipo de instalaciones. En esa línea, Margarita Fernández, presidenta de E&L, sostuvo que «las inminentes resoluciones judiciales situarán en el centro del debate la necesidad de ordenar de forma integral la transición energética, impulsando una planificación territorial que evite la pérdida de suelo fértil, que favorezca la ubicación de parques solares en áreas degradadas, industriales o de menor valor agrícola y, en definitiva, que la haga compatible con la protección de los recursos agrarios y la biodiversidad».
La UPM detalla que la preparación de terrenos de elevada aptitud agronómica para este tipo de instalaciones implica la eliminación de la cubierta vegetal, la remoción y la compactación del suelo —un 15,5% superior respecto a pastizales de control adyacentes— además de la construcción de viales y accesos, lo que favorece procesos de degradación edáfica y erosión. En la Región de Murcia, estas afecciones se combinan con las sequías prolongadas y favorecen procesos de endurecimiento superficial o «cementado» del terreno, que reducen su permeabilidad e incrementan la escorrentía superficial.
Para la alianza, el litigio trasciende el caso concreto del proyecto Pinatar. «La defensa del medio rural, de sus terrenos agrícolas y de su biodiversidad es, en definitiva, una defensa del interés general», concluyó Fernández, en referencia al alcance que ambas organizaciones atribuyen a esta macrocausa conjunta como precedente para futuros proyectos fotovoltaicos sobre suelo agrícola.
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