«Somos nosotros quienes sembramos, quienes pastoreamos, quienes mantenemos los paisajes que Europa quiere proteger. Si hay una transición ecológica real en el campo, tiene que pasar por nosotros», ha señalado UPA.
UPA ha denunciado que las grandes políticas ambientales se siguen diseñando con escasa participación real del sector. Mientras los fondos de inversión y las grandes corporaciones agroindustriales ganan peso en la definición de la agenda agroambiental, la agricultura familiar —la que produce alimentos de proximidad, la que fija población en los pueblos y la que gestiona la mayor parte del territorio rural español— acumula obligaciones sin respaldo suficiente.
La organización recuerda que la agricultura familiar es uno de los instrumentos más eficaces de adaptación y mitigación frente al cambio climático: mantiene caminos, gestiona pastos, preserva razas autóctonas, promueve la polinización, reduce el abandono de tierras que provoca incendios y sostiene comunidades rurales que de otro modo desaparecerían. «Si se vacían los pueblos, también se degrada el territorio. Eso no se refleja en los modelos de carbono, pero es una realidad que cualquier agricultor conoce bien.»
El Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza: una oportunidad
En este contexto, UPA valora que España disponga de una hoja de ruta para cumplir con el Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza, pero advierte que el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza solo será eficaz si se elabora contando con el sector agrario. Los agricultores y ganaderos gestionan la mayor parte de los ecosistemas terrestres que ese plan pretende restaurar. Sin su implicación activa en todos los niveles, cualquier objetivo de restauración será «papel mojado».
La organización exige que la elaboración del PNR garantice participación real —no simples consultas formales— de las organizaciones agrarias, y que su despliegue no se produzca a costa de la PAC. Los fondos de la Política Agraria Común tienen una función clara: sostener rentas, apoyar la producción de alimentos y remunerar las externalidades positivas que ya genera la agricultura familiar. «Utilizarlos como palanca de financiación de la restauración supondría trasladar al agricultor los costes de una política ambiental que es responsabilidad del conjunto de la sociedad», han explicado.
«El PNR puede ser una buena noticia para el medio rural si se hace bien. Tenemos mucho que aportar y queremos hacerlo. Pero necesitamos estar en la mesa desde el principio, no cuando las decisiones ya están tomadas», ha señalado la organización.
Los agricultores reclaman, en este Día Mundial del Medio Ambiente, que las políticas agroambientales cuenten con participación real del sector en su diseño; que la financiación europea llegue a las explotaciones familiares y no se desvíe hacia fondos de inversión o hacia objetivos que corresponden a otras partidas presupuestarias; y que no se generen nuevas cargas burocráticas que no sirven para gestionar el territorio de forma sostenible.
Igualmente, UPA ha reclamado a las fuerzas políticas que se sumen definitivamente al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática —al que la organización se adhirió desde sus primeras fases de preparación—, que debe permitir a España abordar el reto del calentamiento global. Mientras los efectos del cambio climático son cada día más palpables, complicando el trabajo en la agricultura y la ganadería, desde un amplio espectro político el interés por sumarse al citado pacto y activar medidas de adaptación y mitigación es «escaso o directamente nulo». UPA ha asegurado que seguirá participando en la preparación del Pacto y tratando de convencer a todas las fuerzas políticas de la importancia de abordar el reto del cambio climático de forma seria y urgente.
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