La amarga realidad y odisea de los jóvenes que se instalan como nuevos agricultores

Miguel Valdés Pastor

En el número del 13 de abril se publicaron en este medio unas declaraciones de un joven agricultor que confiesa con gran sinceridad su estado emocional. Nos transmite que sus expectativas están absolutamente truncadas, al igual que está ocurriéndole a la inmensa mayoría de agricultores que no ven futuro en la agricultura. En este caso es mucho más doloroso por cuanto se trata de jóvenes que se incorporaron a la agricultura con ilusión para continuar con la explotación heredada. Esto induce a pensar que la situación de aquellos jóvenes que tuvieron que instalarse partiendo de cero es mucho más grave.

Vengo leyendo con interés muchas declaraciones de jóvenes respecto a las trabas burocráticas y otros aspectos importantes que mencionan, tales como financiación escasa y difícil de conseguir, precios percibidos que no cubren costos de producción o la incertidumbre por falta de unos seguros agrarios adaptados a la realidad. También mencionan acuerdos comerciales que benefician a unos sectores a cambio de desproteger nuestra agricultura e imposiciones medioambientales y fitosanitarias que no se aplican ni en la UE ni por supuesto en los países que nos exportan sus productos agrarios. A ello se suman costos de producción crecientes que no puedes trasladar al mercado por ineficiencia y descontrol de la cadena alimentaria que merman las rentas de productores y consumidores. Esto nos pone a unos y a otros a merced del oligopolio de la distribución, cuya suma hace que la supervivencia del sector sea muy difícil.

Ante esa realidad, no puedo evitar verme concernido por su planteamiento en razón de mi experiencia laboral como técnico de la Administración Agraria durante 41 años (antes y después de nuestro ingreso en la UE), presidente de Colegio Profesional de Ingenieros Agrícolas, directivo de entidades cooperativas y Asociaciones Profesionales sectoriales, formador y patrono de una Fundación (Agricolae Mundi) dedicada al desarrollo rural en países en vías de desarrollo. Escribo estas líneas también como agricultor y tutor de un familiar directo instalado también como joven agricultor en una explotación arrendada y partiendo de cero con el que estoy viviendo sus vicisitudes. Consiguientemente, desde esa perspectiva escribo estas líneas.

Esta situación que padecen muchos jóvenes instalados y en general también el resto de agricultores debería sonrojar a nuestros responsables políticos. Hablan mucho del tema de las políticas y medidas que ponen en marcha para rejuvenecer al sector agrario, sobre todo en periodos electorales, pero no se paran a evaluar el grado de éxito que están teniendo y obviamente tampoco se plantean si hay que cambiar esas políticas aplicadas. En cualquier empresa, la gestión se evalúa mediante los resultados obtenidos aplicando criterios de eficiencia tales como incremento de la rentabilidad o crecimiento del empleo. En la Administración, parece que el indicador a medir es el incremento del gasto dedicado a ello y no si esa inversión ha conseguido objetivos medibles y cuantificables. En este caso deberían ser, por ejemplo, el incremento anual conseguido en el número de jóvenes titulares de explotación —contando los que entran y restando los que salen—, la mejora de su viabilidad o su reflejo en la estructura de edad de los titulares. Todo ello debería verse reflejado estadísticamente en los datos temporales que publica el INE, el REGEPA o el Censo Agrario. Estos datos desconocidos nos situarían mejor ante el problema.

Con la Agenda 2000 se iniciaron por la UE las políticas específicas de apoyo a la instalación de jóvenes agricultores (Reglamento (CE) 1257/1999). El relevo generacional se convierte en un eje estructural de la PAC como segundo pilar integrado en el Programa de Desarrollo Rural 2000-2006. Posteriormente se renovaron estas medidas específicas en todos los periodos de programación posteriores hasta hoy. En España se articularon específicamente bajo el paraguas de los PDR nacional y PDR regionales (2007-13, 2014-20, 2021-2023 y 2023-27), alcanzando 26 años de historial ininterrumpido de aplicación. Tras todo este tiempo de aplicación de esas ayudas incentivadoras, cabría pensar que se deberían haber cumplido, aunque fuera en parte, sus objetivos. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa pretensión que cabría suponer.

En 1999, según datos oficiales (INE y Censo Agrario), los titulares de explotación menores de 40 años representaban un 15,8% del total. Hoy, tras 25 años de políticas de apoyo público, representan en torno al 9% del total. Mientras tanto, los titulares mayores de 65 años, que en 1999 representaban un 35,3%, actualmente se han incrementado hasta el 41,3% del total, y ello a pesar de que el número total de explotaciones en España ha disminuido en ese periodo en torno al 30%. Existen Comunidades Autónomas en los que estos datos son todavía peores, tal como la Valenciana (4% menores de 40 años frente al 44% de más de 65 años) o la de Castilla-La Mancha (7% frente al 50%). Por tanto, esta es la radiografía real del impacto de esas ayudas y el verdadero indicador de la eficacia de las políticas diseñadas: menos jóvenes y más envejecimiento. Esto conlleva menos posibilidades de modernización de nuestra agricultura y más vaciamiento en la España rural.

En estos días he asistido a una reunión con una de las Cooperativas Agrarias más importantes de España, con sede social en Cataluña, que dedica parte de las ayudas de sus Programas Operativos a la inversión en instalación de jóvenes en explotaciones tuteladas. Comentando estos temas con sus directivos, les transmitía que estaba recabando datos sobre el número de jóvenes incorporados y cuál era el porcentaje que continuaba en la actividad después de los 5 años de compromiso. Este es un dato que no consigo que me faciliten los organismos oficiales competentes. Me comentaron que en esa Comunidad Autónoma, según estudios internos elaborados y no publicados, más del 50% de los jóvenes que se incorporaron a la agricultura actualmente no continúan en la actividad. Este dato extraoficialmente coincide con el obtenido de mis pesquisas. Sería muy fácil obtenerlo oficialmente del cruce de todos los jóvenes instalados con los de su afiliación actual a la Seguridad Social, lo que daría una dimensión auténtica del problema. Este dato ni está ni se espera sea publicado por la Administración, si es que tuvieron en algún momento interés en averiguarlo.

Para el conjunto de la UE, su objetivo actual y muy ambicioso es pasar del 12% de media de titulares menores de 40 años al 24%. De los datos estadísticos obtenidos sobre Francia puede inferirse que es el único país de la UE que actualmente tiene más rejuvenecidas sus explotaciones, ya que un 17% de sus titulares son jóvenes (casi el doble que en España). Esto es así porque han tenido en sus políticas una visión más global del problema. Sus medidas de incorporación van unidas a las de modernización necesarias para hacer viables las explotaciones, abordando el acceso a la tierra, una financiación favorable en plazos e intereses, mejor política de rentas y un sector mucho más profesionalizado. En consecuencia, a políticas distintas resultados distintos. Esa es la diferencia observada entre España y Francia. Desde siempre, los políticos de cualquier color en Francia han sido muy sensibles a las demandas de sus agricultores. Gracias a ellos, la UE no ha desprotegido más a la agricultura comunitaria.

Es incomprensible que este problema no se haya abordado con el rigor preciso especialmente en España, máxime cuando distintos Organismos comunitarios lo han manifestado. Así, en el Informe del Tribunal de Cuentas de la UE de 2017 sobre el apoyo a los jóvenes agricultores, ya se señalaba que las medidas deberían estar mejor orientadas y que no había resultados del impacto que permitieran evaluar la eficacia de esas políticas. En otro Informe del Parlamento Europeo (2018) se señalaba que el envejecimiento se había agravado en el periodo 2013-2017. El número de jóvenes agricultores en la UE disminuyó de 3,3 millones a 2,2 millones y se consideraba que el futuro del modelo de explotación familiar estaba en peligro. Entre las medidas a poner en marcha apuntaban la reducción de los obstáculos administrativos, la mejora del acceso al capital, más agilidad en la gestión de las ayudas y reevaluar las Ayudas de Pagos Directos vinculándolas a resultados, no a la tenencia histórica de una superficie.

En resumen, esta es la radiografía real del sector y también las medidas que deberían haberse adoptado y no lo hicieron. Por tanto, no cabe extrañarse de que en España haya sido la política de incorporación de jóvenes y el rejuvenecimiento del sector agrario un fracaso absoluto. Cabe concluir que esta situación se debe en gran parte a la ausencia de unos responsables políticos, tanto a nivel de Administración Central como autonómicos, que no han sabido gestionar eficientemente las enormes ayudas recibidas. Fundamentalmente porque han carecido de una visión holística o global del problema. Han asumido que su labor es únicamente de gestoría, limitándose a canalizar y repartir ayudas, pero no supieron orientarlas a mejorar la viabilidad de las explotaciones con medidas integradoras. El objetivo a la postre debe ser consolidar la explotación familiar y evitar el despoblamiento del mundo rural.

Desde mi vivencia y experiencia personal, conociendo lo que se ha hecho en Francia, me atrevo a apuntar algunas medidas a las que se debería haber incidido más y mejor. Estas no se recogen en el Libro-Guía “Tierra Firme” publicado por el Ministerio de Agricultura en 2024. En el caso directo que me compete se han seguido esos pasos prácticamente al pie de la letra, pero la realidad es mucho menos “rosa” y el camino más tortuoso de lo que se pinta en esa guía.

Entre las tareas que hay que abordar, una de las primeras es mejorar la burocracia oficial (simplificación, adaptación a la realidad y agilidad); otra el cumplimiento recíproco de los plazos administrativos; otra mejorar el cumplimiento de los convenios financieros para que los préstamos se adapten a las inversiones. También es necesario tutelar mejor los derechos de los socios en las Cooperativas y OPFH para exigir transparencia y limitación de mandatos, con cupos para jóvenes que eviten la “fosilización” de esos órganos. Resulta imprescindible modificar los Seguros Agrarios para asegurar los rendimientos reales que cubran los costes de producción. También imponer las normas medioambientales y fitosanitarias de la UE a los países terceros que nos exportan. Finalmente, es necesaria la vigilancia en el cumplimiento de la cadena alimentaria para percibir precios justos y ayudas a la modernización considerando datos de renta reales y no los obtenidos por deficientes programas informáticos.

En definitiva, creo que el tema es lo suficientemente grave para que nuestros responsables políticos tomen conciencia de esta situación. Previa audiencia a los distintos jóvenes instalados, deben encuestarles y escucharles. Que por una sola vez dejen sus cuitas y luchas que nada interesan a los ciudadanos y se ocupen de solucionar los problemas reales de estas explotaciones familiares. Deben diseñar políticas y medidas que reviertan esta situación, siendo realistas y factibles. Tengan siempre muy presente que si no se consigue que las explotaciones alcancen una sostenibilidad económica, tampoco habrá sostenibilidad social ni medioambiental, y el vaciamiento de la España rural se acelerará.