En estos momentos que en el campo empiezan las labores para preparar las tierras que acogerán cultivos de primavera, ASAJA reivindica “lealtad y legalidad” a la cadena alimentaria, para que se cumpla la Ley que obliga a que se retribuya con justicia al agricultor, como primer e imprescindible eslabón de la cadena. Cualquier presión para bajar los precios al productor se traduce en una reducción automática de las siembras, siendo especialmente sensibles cultivos como la patata o la remolacha, producciones ambas en las que en los últimos años ha habido un descenso de la superficie cultivada, y en las que España es deficitaria, teniendo que importar para cubrir el consumo, una tendencia peligrosa de dependencia que nuestro país y en concreto nuestra Comunidad Autónoma, como máxima productora de ambos cultivos, no puede permitir.

En el caso de la patata, en España se consumen cerca de 2,5 millones de toneladas, de las que cerca de 800.000 se producen en Castilla y León, una cantidad similar en el resto de España, y otro montante parecido es importado, sobre todo de Francia. Los umbrales de rentabilidad, escasos, son motivo principal de la reducción de la superficie de patata registrada en nuestra Comunidad Autónoma, que muestra una clara tendencia descendente de unas mil hectáreas menos cada año, pasando de las 19.160 de 2019 a las 16.410 de 2022.

ASAJA considera que no puede seguir perdiéndose superficie de patata, por ser una producción esencial para el país y también por su fuerte implantación en el campo de Castilla y León, con cerca de 2.000 cultivadores profesionales y buenos conocedores del cultivo, un capital de conocimiento y experiencia que no se puede dejar perder.

Por todo ello, apelamos al sentido común y a la responsabilidad de la cadena alimentaria, y en especial de la distribución, para que no utilice la patata como producto reclamo, recurriendo a partidas de patata importada o de inferior calidad, tratando de desestabilizar los precios y presionar para que los cultivadores nacionales vendan a pérdidas. En este sentido, preocupa la campaña iniciada estos días por la cadena Lidl, que además podría ser un mal precedente que se extienda a otras cadenas de distribución.

ASAJA recuerda que desde el pasado 31 de enero está abierto el registro de contratos alimentarios, en el que se deberán inscribir todos los contratos que se suscriban con el sector primario, antes de la entrega del producto, trámite que será obligatorio a partir del próximo 30 de junio. El contrato debe incluir el precio, que en todos los casos debe ser superior al total de costes asumidos por el productor, el denominado “coste efectivo de producción”. Por tanto, “respetar los beneficios legítimos del agricultor no solo es moral, sino también exigible legalmente, y esperamos que la Administración actúe en consecuencia ante el menor intento de romper las reglas que todos nos hemos marcado y que son las que garantizan que llegue un producto de calidad a los consumidores”, reclama ASAJA.