El pasado 26 de mayo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid dictó Sentencia en virtud de la cual acordaba estimar sustancialmente el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por un ganadero contra la Comunidad de Madrid, condenando a ésta al abono de una indemnización de 19.094,00€ por los daños provocados por dos ataques de lobo en su explotación ganadera.  Asimismo, también condena a la Comunidad de Madrid al abono de las costas procesales causadas, según informa la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA).

Según se hace constar en la mencionada sentencia, “los fines de conservación y protección de las especies que gozan de singular protección, conforme a la normativa sectorial específica, trasladan a la Administración la responsabilidad por los daños causados por aquellas” o, empleando las palabras del Tribunal Supremo, que en estos casos “no puede excluirse el régimen general de responsabilidad patrimonial previsto en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. En definitiva, debe concluirse que, en estos casos, estamos ante un supuesto de excepción suficientemente caracterizado en la normativa sectorial específica y que, por tanto, concurre la nota de antijuridicidad del daño”. 

La Organización Agraria considera lamentable que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, lejos de asumir su responsabilidad por los daños causados por el lobo, responda con dejadez absoluta y opacidad ante los ataques, ya que, en numerosas ocasiones, al ganadero afectado, hasta se le niega el informe pericial que elaboran los agentes medioambientales en su propia granja cuando se denuncia un ataque sufrido en su explotación.

También es habitual la dejadez por parte de la Administración, de contestar a  los recursos presentados por los agricultores y ganaderos madrileños, lo que implica, que solo los escasos valientes que se atreven a denunciar judicialmente, hagan valer sus derechos, quedando numerosos ataques sin denunciar, porque curiosamente la administración que es la condenada a indemnizar los daños, es la encargada de certificar dichos daños, lo que conlleva a utilizar por los agentes cada vez más la ya famosa frase de: “Yo no puedo certificar lo que no he visto, son órdenes de Arriba”.

Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, destaca que la protección del lobo es una exigencia social y por tanto los daños ocasionados deben ser asumidos por la sociedad y la Administración, y no como hasta ahora, que eran asumidos por los ganaderos. Así mismo, Berrocal, califica de auténtico atropello al sector ganadero, que a pesar de las ya numerosas sentencias condenatorias a la Administración, en las que ha sido obligada a indemnizar hasta siete u ocho veces más de lo estipulado en la orden de ayudas para compatibilizar  la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobos, perros asilvestrados y/o buitres en la Comunidad de Madrid, esta orden no se haya modificado y adecuado los importes a percibir a dichas sentencias, como viene reclamando esta Organización desde hace años. 

Finalmente, UGAMA felicita y agradece la estupenda labor de los servicios jurídicos de la Organización, asumida por el Letrado D. Jaime Valladolid, director del despacho profesional JV abogados, especializado en Derecho Rural y Medioambiental y anima a los profesionales del campo madrileño a acudir a la justicia para defender sus derechos.