Una vez conocidos los datos relativos al primer subperiodo de solicitud de las ayudas establecidas por el Reglamento (UE) 2016/1612 a la reducción voluntaria a la producción de leche de vaca, para la ALIANZA UPA-COAG se confirma lo que ya había denunciado: esta medida no sirve en absoluto para mejorar la situación de las explotaciones que desean seguir en el sector, y solo contribuyen a inyectar algo de liquidez a una minoría de explotaciones, bien porque se hallen al borde del cierre o bien porque utilicen la medida para captar recursos sacrificando animales en producción.

En cualquier caso, se deja en evidencia el fracaso del objetivo fundamental de la ayuda, ya que la reducción de 6.165 toneladas, si finalmente se ejecuta todo lo solicitado, supone el 2,3 % sobre el total producido en el periodo de referencia. Con esos volúmenes de reducción difícilmente se alcanzará el equilibrio entre producción y consumo.

En estas condiciones, más del 80 por ciento de los ganaderos de Castilla y León no van a verse beneficiados por esta línea de ayudas, y permanecen desprotegidos y a merced de un mercado con precios totalmente hundidos, lo que nos deja un sector productor secuestrado por la industria y la distribución.

Para la Alianza UPA-COAG el verdadero reto es definir claramente el modelo productivo que se quiere para el sector lácteo español: o bien se opta por el modelo francés, basado en la existencia de pequeñas y medianas explotaciones repartidas por todo el territorio, o se opta por un modelo ultraliberal, favoreciendo la instalación de macrogranjas que destruyan todo el tejido social y territorial asociado a la producción de leche en nuestro país. Valga como ejemplo el proyecto de las 20.000 vacas del Ibex por el que están en pugna diferentes administraciones de nuestra comunidad.

Junto a lo anterior, son necesarias políticas que permitan la negociación de precios mínimos que garanticen rentas dignas para los productores de leche. Todo lo demás son parches ineficaces y literatura.