Para UPA uno de los motivos fundamentales de esta fuerte penalización lo constituye las importaciones masivas de terneros procedentes de la Unión Europea e incluso de países terceros. En efecto, durante el año 2003 la cifra de terneros importados por España superó los 600.000 animales siendo 589.083 procedentes de la UE y el resto de países terceros. Esta cifra supera el número de animales vivos importados el año anterior, y se coloca como el año de mayores importaciones.

Además las grandes explotaciones en su afán de cobrar este tipo de prima, dividen la explotación en diferentes cartillas ganaderas de no más de 90 animales, contribuyendo de este modo a la superación del límite nacional. Estas circunstancias hay que unirlas al déficit histórico del cupo para bovinos macho. Durante la mini reforma de 2001 a España se le quitaron 70.747 derechos con lo cual el cupo actual es exactamente de 643.525 derechos, cantidad absolutamente insuficiente para cubrir la realidad productiva española.

UPA denuncia la enorme especulación realizada por los grandes cebaderos industriales que están intentando posicionarse y presionar ante las nuevas decisiones de la PAC que han de tomarse en cada Estado miembro. Ante esta situación que se repite un año más, UPA plantea de nuevo la injusticia del actual sistema lineal de penalizaciones, que no tiene en cuenta cuestiones tan importantes como quién es el que más contribuye a la superación del límite o quién está en una relación más desventajosa en su relación producción / cantidad a percibir.

De esta forma se acentúa aún más la diferencia entre las explotaciones familiares y las explotaciones industriales, provocando la continua desaparición de muchas explotaciones y la concentración de la ganadería en muy pocos productores, lo que viene a agravar la difícil situación en que se encuentran las más de 120.000 explotaciones de vacuno en España que se ven afectadas desde hace tiempo por una tendencia de precios a la baja

UPA considera que se debería penalizar por estratos de producción diferenciando las explotaciones. Con estos argumentos, cualquier reforma de la OCM debe conducir a una importante modulación de las penalizaciones entre los diferentes ganaderos.