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Bruselas ha cedido a las demandas de ASAJA y otras organizaciones agrarias europeas para eliminar la retirada obligatoria de tierras. El Ministerio de Agricultura tiene ahora el balón en su campo: eliminar el llamado barbecho tradicional.

18/07/2007

Córdoba, 17 de julio de 2007. En los últimos meses se habían multiplicado las peticiones para eliminar la llamada retirada obligatoria de la producción, requisito que viene obligando a los productores de cultivos herbáceos –cereales, oleaginosas y proteaginosas- a dejar en barbecho un porcentaje variable que tras la puesta en marcha del régimen de pago único había quedado fijada en el 10% (derechos de retirada).

Tanto el sector ganadero como el cerealista se beneficiaran de esta medida. El primero de ellos, especialmente sensible a las actuales tensiones de precios en los mercados internacionales de estas materias primas, requería medidas de esta índole. Las explotaciones cerealistas podrán incrementar su capacidad de producción.

El incremento de la demanda a nivel internacional parece estar en fondo de las tensiones de mercado y, por tanto, de la decisión adoptada ayer por Bruselas en el sentido de poner más tierras en producción. Este incremento de la demanda proviene fundamentalmente del mayor consumo en Asia, donde el crecimiento económico de países como China e India, significa mayores necesidades de cereales. Por otro lado, el tirón de los biocombustibles en Estados Unidos incide en la misma dirección.

No cabe duda que esta nueva situación a la que nos enfrentamos a nivel internacional refuerza el papel del sector agrario, tantas veces defendido por ASAJA, como verdadero sector estratégico, al tiempo que revitaliza el concepto de “seguridad alimentaria” en su verdadera dimensión: seguridad en el abastecimiento alimentario de la población.

Tras los pasos dados por Bruselas en el Consejo de Ministros celebrado ayer, parece poco sostenible la posición del Ministerio de Agricultura en el sentido de seguir manteniendo el llamado barbecho tradicional, situación por la que España seguiría siendo el único país de la Unión Europea obligado a mantener más de un millón de hectáreas fuera de la producción. Situación que, por otra parte, perjudica seriamente los intereses de las zonas marginales a las que supuestamente pretendía proteger.

En este sentido, ASAJA solicita al MAPA sean revisadas las modalidades de aplicación de la reforma de la PAC en España con el fin de movilizar superficies hoy en barbecho y racionalizar esfuerzos burocráticos. No cabe duda que desvincular de la producción la parte de la ayuda hoy todavía ligada a la superficie produciría el efecto deseado. El desacoplamiento total promovido por Bruselas es hoy una necesidad social, económica y ambiental en España.

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