Sevilla, 22 de enero de 2008. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, considera importante que el consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, haya asumido algunas de las reivindicaciones que esta organización venía planteando desde hace meses en relación con el sector de ovino y caprino, como la petición de aplicación de la moratoria comunitaria para la elección del método de identificación electrónica de los pequeños rumiantes o la inclusión del ganado caprino en las ayudas de 6 euros por lengua azul.

A pesar de todo, los sectores de ovino y caprino, como el resto de los sectores ganaderos, están atravesando la peor crisis de los últimos años, sometidos al incremento del coste de los piensos mientras reciben precios ruinosos por sus productos. Por eso, esta organización agraria espera que el consejero respalde a todos los sectores ganaderos y defienda sus intereses ante el Ministerio, ya que es la administración central la que debe poner en marcha muchas de las medidas que los ganaderos necesitan para superar la situación en la que se encuentran inmersos. Entre esas medidas, se incluyen decisiones en materia de fiscalidad, seguridad social y otros apoyos fundamentales como las ayudas de mínimis o la puesta en marcha de una ley de comercio que garantice que los productores no vendan por debajo de los costes.

No se trata de medidas “inasumibles” ni “contrarias a las directivas comunitarias”, tal y como ha declarado hoy el máximo responsable estatal de una organización agraria que parece decidida a tirar la toalla y que pide el desacoplamiento de las ayudas (a pesar de que no hablamos de política comunitaria), resignada a la muerte del sector.

Por ello, COAG Andalucía anima a los ganaderos de nuestra comunidad para que acudan el próximo jueves a Madrid, a manifestarse ante las puertas del Ministerio, reclamando respuestas concretas para paliar la situación de un sector con enorme importancia económica, social y medioambiental, que cuenta con 62.000 pequeñas y medianas explotaciones en Andalucía, y cuyas pérdidas superan ya los 250 millones de euros.