28 de mayo de 2008. La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha intervenido en el Senado, donde ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado con el sector lácteo para la adopción de un contrato tipo para el suministro de leche, único para todo el territorio nacional, de tal forma, que los productores puedan despejar los inconvenientes y la incertidumbre sobre el precio recibido, y se equilibre la relación de interdependencia entre ganadero e industria con el fin de que ambas partes salgan beneficiadas.
Este acuerdo es fruto de la reuniones mantenidas desde el Ministerio con las Organizaciones Profesionales Agrarias, la Confederación de Cooperativas Agrarias (CCAE), y la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) y que culminó el pasado miércoles 21 de mayo, con la renovación de la Interprofesional Láctea española, que favorecerá unas relaciones contractuales claras y estables en los mercados del sector nacional.
Asimismo, Elena Espinosa ha explicado que las actuaciones del Gobierno en la formación de los precios se centran, por una parte, en la exigencia de que se cumplan las normas legales sobre competencia y, por otra, en el fomento de la información y transparencia de los precios en los distintos escalones comerciales, con el fin de lograr una mayor eficiencia de los mercados.
En definitiva, ha añadido Elena Espinosa, el precio que la industria paga por la leche al productor es un contrato privado, resultante del consenso entre las dos partes. En España, como en el resto de países de su entorno socio-económico, la práctica totalidad de los precios actuales se forman según las reglas del mercado, conforme a la relación oferta-demanda y, en el sector agroalimentario, mediante la interacción de los diferentes escalones comerciales, básicamente tres: mercados en origen, mercados mayoristas y mercados en destino.
No obstante, ha indicado la Ministra, existen ciertas limitaciones en el establecimiento de precios, derivadas de las normas españolas y comunitarias sobre competencia, no estando permitida la concertación entre los diferentes agentes que intervienen en la producción o comercialización, con el objeto de pactar los precios en un determinado producto.
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