La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denuncia la pérdida de competitividad galopante que están sufriendo los ganaderos lácteos españoles frente a los de otros países europeos, pues la recuperación de los precios de la leche en agosto será mínima y también debido a la falta de mecanismos de negociación colectiva en el sector de la leche.
Después de los últimos acuerdos firmados por productores e industrias en Francia e Italia, los precios percibidos por los ganaderos lácteos españoles frente a los franceses se sitúan actualmente entre 4-5 céntimos por litro más baratos y con respecto a los ganaderos italianos, la diferencia es de 9-10 céntimos por litro.
La pérdida de competitividad respecto a Francia solo en los meses de julio, agosto y septiembre ha supuesto para el sector productor en torno a 45 millones de euros y esta situación puede mantenerse así en los próximos meses pues una buena parte de la industria española pretenden no subir los precios o subirlos en cuantías mínimas que pueden dificultar mucho el futuro de los ganaderos españoles.
Además, mientras en Francia, Italia o Alemania los productores han firmado acuerdos públicos, donde se recogen unos precios e incluso se tiene en cuenta el incremento de los costes de producción, avalados e impulsados por los respectivos gobiernos, en España esto no está siendo posible por la presión de la Comisión Nacional de la Competencia y por el ninguneo del sector industrial al Gobierno y a las CC.AA.
UPA no comprende por qué en otros países de la Unión Europea se puede realizar negociación colectiva en el sector lácteo y España parece que todo está prohibido.
En todo caso, UPA entiende que el Gobierno y las CC.AA no pueden mantener esta situación y tomará medidas para corregirla, pues o bien en esos países no se está cumpliendo con las normas de competencia comunitarias, o bien en España tenemos unas reglas demasiado estrictas.
En este sentido, UPA considera la Ley de Calidad Agroalimentaria como una oportunidad de aportar estabilidad a las relaciones entre los productores y el resto de los eslabones de la cadena agroalimentaria a través de la negociación colectiva de las partes como elemento de autorregulación del sector.
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