Las organizaciones del sector de frutas y hortalizas de España, Francia e Italia han mostrado hoy su gran preocupación ante el desenlace del proceso de negociación para el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos y su impacto en el sector hortofrutícola europeo y han demandado al el Parlamento Europeo que no ratifique el Acuerdo Comercial UE-Marruecos firmado por la Comision Europea en diciembre del 2009.

Las organizaciones que han participado esta mañana en una Audición en el Parlamento Europea organizada por el ponente del Informe del Parlamento de este Acuerdo, José Bové, han solicitado a los representantes políticos comunitarios que pongan en marcha las acciones que estén en su mano y que estimen convenientes en defensa de los agricultores europeos y sus cooperativas.

Para Cooperativas Agro-alimentarias el aumento de las concesiones comerciales en frutas y hortalizas es gravemente lesivo para el sector de la UE, más aún cuando se tiene constancia de la vulneración continuada del acuerdo en vigor. En reiteradas ocasiones se han producido incumplimientos y vulneraciones por parte de Marruecos de las condiciones del actual Acuerdo de Asociación, tanto en lo que se refiere a las cantidades contingentadas como en el pago de los derechos de aduana, que generan profundas distorsiones en los mercados europeos.

Por ello, agricultores españoles, franceses e italianos consideran imprescindible potenciar y coordinar los controles aduaneros de entrada de los productos de terceros países a la UE en los distintos Estados miembros, para asegurar que los acuerdos se cumplen. Así mismo, se ha de reformar el régimen de precios de entrada de la UE para mejorar su funcionamiento e impedir que se produzcan fraudes en las importaciones.

Por otro lado, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de vida y trabajo en los terceros países mediterráneos, Cooperativas Agro-alimentarias considera imprescindible exigir reciprocidad y condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia socio-laboral, ambiental y sanitaria de las producciones de terceros países, que entran en la actualidad en unas condiciones de clara distorsión de competencia.