La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que, a una semana de la entrada en vigor de la obligatoriedad de los contratos en el sector lácteo (3 de octubre), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha publicado el Real Decreto-ley que debe regular su funcionamiento. Ante esta situación, hay industrias lácteas que están planteando a los ganaderos contratos con precios que no superan los 0,30€/litro bajo la amenaza de no recoger la leche si no se firman “Estamos hablando de un atropello en toda regla ya que los costes de producción se sitúan por encima de los 0,35 euros/litro, según recoge el propio Ministerio de Agricultura”, ha denunciado Miguel Blanco, Secretario General de COAG, a lo que ha añadido que”si no se pone coto a esta situación por parte del Ministerio y la administraciones regionales, en estas condiciones los contratos sólo vendrán a legitimar una extorsión que ha provocado la desaparición de 120.000 explotaciones en las dos últimas décadas”.
A los bajos precios de la leche en el campo, se suman la espiral alcista de las materias primas básicas para la alimentación animal. De enero a septiembre, el precio de los piensos ha subido más de un 40%, tendencia que dificulta la viabilidad económica de las cerca de 22.000 explotaciones de vacuno de leche que existen nuestro país. Además, continúa la estrategia de las grandes cadenas de distribución de capital francés y alemán que, por una parte, mantienen un precio razonable de la leche al productor y al consumidor en Francia y Alemania, y, por otra, derivan los excedentes de producción láctea de estos países hacia el mercado español a precios por debajo de costes, utilizando la leche como producto reclamo y hundiendo los precios en origen a nuestros ganaderos. “En estos momentos, al ganadero se le paga por un litro de leche la mitad de lo que cuesta un litro de agua en el lineal”, ha apuntado Blanco.
Durante el mes de septiembre, COAG ha salido a la calle en las principales zonas productoras para denunciar esta situación y exigir a Gobierno, Comunidades Autónomas y Comisión Nacional de la Competencia una aplicación inmediata de la actual Ley de Defesa de la Competencia contra las prácticas comerciales abusivas y la ilegal venta a pérdidas, así como contra la utilización de la leche como producto reclamo por parte de las grandes cadenas de distribución. Además, el MAGRAMA está dilatando en el tiempo el envío del borrador del anteproyecto de la ley de mejora de la cadena agroalimentaria, vital para que agricultores y ganaderos puedan negociar precios en condiciones de igualdad con industria y distribución.
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