La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó el 22 de junio, por amplia mayoría de comunidades autónomas, el informe que considera favorable el estado de conservación del lobo en las regiones Atlántica y Mediterránea. Castilla y León respaldó ese criterio; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) votó en contra.
En ese contexto, ASAJA Ávila exige un cambio inmediato en la gestión de la especie ante la presión que soportan numerosas explotaciones ganaderas de la provincia. La organización califica de «cínica e incomprensible» la posición del Gobierno, que mantiene a través del MITECO un estado de conservación desfavorable mientras se suceden los ataques sobre el ganado.
La organización señala que el censo coordinado por el propio Ministerio contabiliza 333 manadas en España, un 12 % más que en el anterior, y reconoce una expansión moderada de la población y de su área de distribución. El MITECO fundamenta, sin embargo, su posición desfavorable en que no se alcanzan las 500 manadas que considera referencia para asegurar la viabilidad genética a largo plazo.
ASAJA Ávila pide que cualquier criterio técnico tenga en cuenta también la realidad territorial y los daños que soportan las explotaciones. Considera poco razonable que el Ministerio mantenga una interpretación restrictiva sin dar peso suficiente a la evolución que recoge su propio censo, al criterio mayoritario de las comunidades y a unos ataques que describe como graves y reiterados.
Cinco ataques en doce días
Javier García, ganadero de San Bartolomé de Pinares, ha sufrido cinco ataques en doce días, con cinco animales muertos, uno desaparecido y otro herido. Según explica, ha perdido cerca de una treintena de animales en el último año y estima las pérdidas acumuladas en torno a 30.000 €.
Los ataques, apunta el ganadero, ya no afectan únicamente a terneros recién nacidos, sino también a animales de mayor tamaño y añojos, lo que a su juicio indica actuaciones de manadas. En uno de los últimos casos llegó a encontrar a un lobo alimentándose de una res a última hora de la mañana, a plena luz del día.
Para ASAJA Ávila, «cinco ataques en doce días no son convivencia», sino «la evidencia de un problema de gestión que obliga a actuar».
Pérdidas que no llegan a certificarse
A los ataques se suma, según la organización, la dificultad para acreditar muchas de las pérdidas. La desaparición de los animales o la actuación de buitres y otros carroñeros puede alterar los restos antes de la inspección e impedir después la certificación de los daños.
Es el caso de Rubén Ayuso, ganadero de la zona de Bernuy Salinero, que ha perdido cuatro terneros desde el verano, aunque solo ha podido acreditar dos.
ASAJA Ávila reclama protocolos más realistas, que permitan valorar el conjunto de indicios disponibles —animales desaparecidos, lesiones compatibles, ataques previos acreditados o restos alterados por carroñeros— y que no hagan recaer sobre el ganadero una prueba que en muchos casos resulta imposible de aportar. «No puede exigirse al ganadero una prueba imposible y utilizar después la ausencia de esa prueba para concluir que el daño no existe», insiste la organización.
Del cambio europeo al terreno
ASAJA recuerda que Europa ya ha rebajado el estatus del lobo de especie «estrictamente protegida» a «protegida», con el fin de dar más flexibilidad a los Estados en la gestión de sus poblaciones, sin eliminar la obligación de garantizar su conservación.
Por ello, ASAJA Ávila pide que ese cambio europeo y el pronunciamiento mayoritario de la Conferencia Sectorial tengan consecuencias reales sobre el terreno: gestión y control efectivo allí donde existan ataques graves y reiterados, reconocimiento realista de todos los daños e indemnizaciones rápidas e íntegras para los ganaderos afectados.
La organización subraya que no cuestiona que el lobo deba conservarse, pero no acepta que se haga a costa del ganado, de la renta y del futuro de las explotaciones. Sostiene que los ganaderos no pueden seguir pagando de su bolsillo una política de conservación diseñada por el Gobierno, y defiende que, donde los ataques sean reiterados y la presión resulte insoportable, hay que «gestionar, controlar y reducir» esa presión.
Deja un comentario