La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha trasladado al Ministerio de Agricultura, para su tramitación con cargo a la reserva europea de crisis, la propuesta de una ayuda extraordinaria destinada a los productores andaluces de arroz. La iniciativa partió de ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros de Sevilla, que han mostrado su satisfacción por la acogida de la propuesta.
La medida contempla destinar en torno a 3,72 M€ al cultivo, con una ayuda de 120 €/ha y un límite de 100 ha por titular. Se financiaría con el 40% del presupuesto asignado a Andalucía de los fondos extraordinarios del Fondo Europeo de Reserva de Crisis, pensados para compensar el incremento de los costes energéticos y de los fertilizantes. El resto de la dotación andaluza de este fondo se destinará al vacuno de leche, el caprino de leche y la apicultura.
Ambas organizaciones consideran que la ayuda permitirá aliviar parcialmente la situación de un sector que, tras varios años sin poder sembrar por la sequía, atraviesa ahora una profunda crisis de mercado. Admiten que no resolverá por sí sola los problemas estructurales del cultivo, pero sostienen que ayudará a aliviar la situación financiera de las explotaciones y a compensar parcialmente unos costes de producción que califican de disparados.
Con parte de la cosecha de 2025 aún por vender
El arrozal andaluz afronta, según las dos organizaciones, una de las campañas más difíciles de su historia. La superficie cultivada se ha recuperado gracias a la mayor disponibilidad de agua, pero los agricultores encuentran serias dificultades para comercializar la producción. Con la recolección de 2026 ya en marcha, en la provincia de Sevilla, principal zona arrocera de España, queda todavía cosecha de 2025 sin vender, porque los precios no alcanzan a cubrir los costes de producción.
ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros atribuyen esta situación sobre todo al creciente peso de las importaciones de terceros países. Según denuncian, la Unión Europea permite la entrada sin aranceles de hasta 562.000 t de arroz procedente de países beneficiarios del régimen EBA («Todo menos armas»), entre ellos Camboya y Myanmar. Las organizaciones señalan que esa cifra equivale a todo el arroz que se consume en España durante dos años y que ejerce una fuerte presión sobre el mercado comunitario.
Recuerdan además que los productores europeos deben cumplir estrictas exigencias medioambientales, fitosanitarias, laborales y de seguridad alimentaria, que elevan sus costes, mientras compiten con producciones importadas libres de arancel y sometidas, a su juicio, a requisitos mucho menos exigentes.
Las dos entidades confían ahora en que el Ministerio de Agricultura respalde la propuesta remitida por la Junta y en que la Comisión Europea autorice cuanto antes las ayudas, de modo que lleguen a los agricultores dentro del plazo que la propia Comisión fija para la justificación, la tramitación y el pago: el 28 de febrero de 2027.
También insisten en que la medida debe acompañarse de actuaciones de fondo para garantizar la rentabilidad del cultivo, reforzar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, exigir reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros países y activar mecanismos eficaces de salvaguarda frente a las importaciones de arroz procedentes de países con regímenes de acceso preferencial, que a su entender distorsionan el mercado comunitario.
La provincia de Sevilla concentra la práctica totalidad del arroz andaluz y aproximadamente la mitad de la producción nacional. Por eso, advierten las organizaciones, cualquier deterioro de la rentabilidad del cultivo tiene consecuencias directas sobre el empleo, la actividad económica y la conservación de un entorno de gran valor ambiental, como las marismas del Guadalquivir y el entorno de Doñana.
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