Los cerealistas de Huelva han advertido a las administraciones de que muchas explotaciones de la provincia no sembrarán cereal en la próxima campaña si no se adoptan antes de su comienzo medidas eficaces que cubran el aumento de los costes de producción. Según ha trasladado ASAJA Huelva, el sector no plantea la falta de siembra como una amenaza ni como una decisión oportunista, sino como la consecuencia de una situación económica límite.
Los cerealistas cifran los gastos medios de producción en torno a 900 €/ha, mientras los precios percibidos por el cereal continúan por debajo de los costes. Con las cotizaciones actuales, sostienen, un agricultor necesita superar las 4,6 t/ha solo para no perder dinero, un rendimiento que consideran inalcanzable en buena parte de los secanos de la provincia.
A ello se suma la escalada del gasóleo agrícola, cuyo litro se pagaba hace un año a 0,92 € y ahora alcanza los 1,47 €, según los cerealistas. La subida, cercana al 60 %, se traslada a cada labor, desde la preparación del terreno y la siembra hasta los tratamientos y la recolección.
En el mercado de fertilizantes, denuncian que agricultores y grupos de compra encuentran serias dificultades para obtener precios cerrados de determinadas empresas proveedoras, mientras las cotizaciones siguen subiendo. Esa falta de transparencia, señalan, impide planificar la sementera, elaborar presupuestos fiables y decidir con un mínimo de seguridad si se puede afrontar la campaña, por lo que reclaman que las autoridades de competencia y las administraciones agrarias investiguen de inmediato si existen prácticas especulativas, retención de oferta o movimientos dirigidos a provocar nuevas subidas artificiales.
Durante años, numerosas explotaciones cerealistas han mantenido su actividad gracias a los ingresos de otros cultivos, un equilibrio que, según el sector, se ha roto: las pérdidas acumuladas por el cereal arrastran al conjunto de la explotación y comprometen la viabilidad de empresas agrarias que generan empleo y mantienen actividad económica en los municipios rurales.
Dinero antes de sembrar
Los cerealistas reclaman a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España una ayuda directa extraordinaria por hectárea de cereal, financiada con fondos adicionales y abonada antes o al comienzo de la sementera. Rechazan que la respuesta pase por anticipos de la PAC o nuevos préstamos, que a su juicio solo incrementarían el endeudamiento de unas explotaciones que ya trabajan sin margen: la ayuda debe aportar liquidez real y llegar a tiempo, porque la decisión de sembrar hay que tomarla ahora.
El sector pide igualmente medidas directas para reducir el coste del gasóleo agrícola y facilitar el acceso a financiación en condiciones asumibles, aunque como actuaciones complementarias y no sustitutivas de las ayudas directas: aumentar el crédito disponible, señalan, no resuelve la falta de rentabilidad y puede aplazar el problema a costa de más deuda.
El listón de las 50 hectáreas
Los cerealistas piden revisar la reducción progresiva de las ayudas de la PAC a partir de las 50 ha. Sostienen que ese límite no refleja la realidad del cereal de secano, donde una explotación necesita con frecuencia superar las 100 ha para alcanzar una dimensión mínimamente rentable, y que perjudica a las explotaciones familiares medianas, que invierten en maquinaria, generan empleo, contratan servicios y sostienen el tejido productivo de los municipios rurales. Consideran que las medidas actuales benefician a los pequeños productores, una escala que en cereal juzgan sin sentido.
Reclaman además que las políticas agrarias respalden de forma prioritaria al agricultor profesional y activo, es decir, a quien trabaja en el campo, asume el riesgo económico de cada campaña y obtiene de la explotación una parte esencial de su renta, frente a quien mantiene una explotación como actividad complementaria tras jubilarse. El sector reconoce la trayectoria de los agricultores jubilados, pero defiende que los fondos públicos se distribuyan según la actividad real, la dedicación profesional, la generación de empleo y la dependencia económica de la explotación.
Reglas de juego para el cereal
En el plano fiscal, los cerealistas reclaman una reducción de los módulos aplicables al cereal en el régimen de estimación objetiva del IRPF, para que la fiscalidad refleje el desplome de rentabilidad de la campaña. Piden también que se aplique de manera efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria: que las administraciones actúen de oficio y refuercen las inspecciones para evitar que el cereal se comercialice por debajo de sus costes efectivos de producción.
El sector exige asimismo que los precios y rendimientos de referencia de los seguros agrarios se actualicen para reflejar los costes reales de producción. En las condiciones actuales, aseguran, muchas pólizas no ofrecen una cobertura suficiente ni garantizan indemnizaciones capaces de compensar las pérdidas de las explotaciones.
En el ámbito comercial, los cerealistas piden que España y la Unión Europea activen las cláusulas de salvaguardia cuando las importaciones provoquen desequilibrios graves, refuercen los controles y exijan verdaderas cláusulas espejo. Sostienen que el cereal de terceros países debe cumplir las mismas condiciones sanitarias, fitosanitarias, laborales y medioambientales que se imponen a los productores europeos, y que permitir que el mercado interior se abastezca con importaciones que presionan los precios por debajo de los costes condena a las explotaciones locales.
Si no se siembra
Si la falta de rentabilidad hace imposible sembrar, los cerealistas piden que las administraciones establezcan una excepcionalidad en la PAC que evite penalizar a quienes dejen la tierra sin cultivar. Sostienen que no sería una decisión voluntaria, sino la consecuencia de unos costes inasumibles, unos precios por debajo de los costes y la falta de medidas eficaces, y que la normativa debe adaptarse a una situación excepcional que amenaza con dejar miles de hectáreas sin sembrar.
La desaparición del cereal pondría en riesgo, según el sector, a cooperativas, empresas de servicios agrícolas, transportistas, talleres, proveedores de maquinaria, empleo rural y actividad económica en numerosos municipios de la provincia, además de incrementar la dependencia exterior de materias primas esenciales para la alimentación humana y ganadera.
“Nosotros queremos sembrar y producir, pero no podemos hacerlo a cualquier precio. No pedimos ayudas para mantener artificialmente un cultivo inviable; exigimos condiciones justas para trabajar y competir. Si las administraciones permiten que vendamos por debajo de costes mientras el gasóleo y los fertilizantes se disparan, serán responsables de que miles de hectáreas se queden sin sembrar”, subraya Gabriel Villegas, representante del sector en la Junta Directiva de ASAJA Huelva.
Los cerealistas reclaman una respuesta inmediata de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España y de las instituciones europeas, y piden que las medidas se aprueben ahora, antes de que los campos queden sin sembrar y las explotaciones hayan desaparecido.
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