El comercio ilícito de tabaco sigue planteando graves problemas para la Unión Europea, con efectos negativos sobre su economía, la sanidad pública y la seguridad, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Pese a los esfuerzos de la Comisión Europea y de los países miembros por combatir este fenómeno, la actuación conjunta no resulta lo bastante sólida: la producción ilícita crece dentro de la UE, los métodos de contrabando se sofistican y los nuevos productos del tabaco ganan terreno. El órgano fiscalizador critica además la falta de cooperación transfronteriza, con lagunas persistentes y sin un enfoque armonizado a escala comunitaria.
El fenómeno ha cambiado de forma notable en los últimos años. Los grupos de delincuencia organizada han trasladado buena parte de la producción desde Ucrania hacia territorio de la UE para acortar la cadena de suministro y ganar acceso directo a los consumidores. Se han localizado instalaciones de fabricación ilícita en prácticamente todos los Estados miembros; el Tribunal cita como ejemplo una planta desmantelada en Bélgica capaz de producir alrededor de un millón de cigarrillos por hora en cada máquina, y otra en España en la que se incautaron tres millones de paquetes falsificados.
«La UE no puede permitir que sus esfuerzos por combatir la lacra del comercio ilícito de tabaco se desvanezcan», afirmó Petri Sarvamaa, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, quien reclamó a la Comisión y a los Estados miembros intensificar la lucha contra esta actividad delictiva para proteger la salud, el bolsillo y la seguridad de los ciudadanos.
Una cifra que hay que coger con pinzas
Según estimaciones de la Comisión, el comercio ilícito de tabaco supone una pérdida de 13.000 M€ anuales para los presupuestos comunitarios y nacionales, aunque el Tribunal advierte de que ese dato procede de estudios externos y debe tomarse con cautela. El órgano fiscalizador señala que la Comisión carece de una estimación propia, fiable e independiente, sobre el tamaño real del mercado ilícito, su estructura y su impacto económico, incluidas las pérdidas de ingresos fiscales. La información disponible se limita en gran medida a los datos de incautaciones, lo que impide una visión completa del problema.
El marco legal comunitario tampoco ayuda: el Derecho de la UE no está armonizado y los esfuerzos de los distintos países son desiguales. Insumos clave como el tabaco crudo o la maquinaria de producción, así como productos nuevos como el tabaco calentado o los líquidos para cigarrillos electrónicos, reciben tratamientos distintos según el Estado miembro. Esa disparidad en los sistemas de control y en la definición de delitos y sanciones puede favorecer que la delincuencia organizada traslade su actividad hacia las jurisdicciones menos estrictas, mientras el intercambio de información entre países sigue siendo incoherente.
El Tribunal apunta también a un problema de gobernanza: las responsabilidades en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco están repartidas entre múltiples actores, sin que ninguna entidad ejerza una coordinación clara, lo que deriva en iniciativas fragmentadas. Por ello, los auditores instan a la Comisión a asumir un papel más activo en este ámbito.
El informe recuerda que, aunque el consumo global de tabaco continúa descendiendo, los productos ilícitos han aumentado en la UE en los últimos años. En 2023 representaban el 8,8% del consumo total de cigarrillos, mientras que, al margen de los cigarrillos, el mercado ilícito alcanza casi 21.000 t en territorio comunitario; los nuevos productos, que atraen especialmente a los consumidores más jóvenes, suponen el 13% del valor de mercado del tabaco vendido en la UE. La auditoría, que incluyó visitas sobre el terreno a Bélgica, España, Polonia y Rumanía, se recoge en el Informe Especial 23/2026 del Tribunal de Cuentas Europeo, «Lucha contra el comercio ilícito de tabaco en la UE – Esfuerzos fragmentados y lagunas persistentes».
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