El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos tiene, desde el pasado 22 de junio, una denuncia formal presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La firma un abogado que ejerce entre Almería y Madrid, Félix Cervantes Rodrigo, que se desplazó a Bruselas por cuenta propia y dispuso de cinco minutos para exponer su caso ante los eurodiputados. Según explica en entrevista con Agrodigital.com, salió de la sala con la sensación de que alguien por fin le había escuchado, aunque también con la rabia de comprobar que la Comisión Europea seguía sin darle la razón en lo esencial.
«Me duele lo que se está haciendo. Es que soy de Almería y veo a la gente, y me quema», cuenta cuando le preguntamos por qué decidió embarcarse en esto. No representa a ningún partido, colectivo ni asociación agraria. «A título personal, porque veo la situación y porque sé que puedo hacer que las instituciones europeas se enteren. Mi sensación es que no se enteran, y no se enteran porque no se lo dicen.»
Su vínculo con el sector no es solo profesional. «Tengo familia, productores. Conozco gente de toda la vida en Almería, sé cómo está el sector de quemado. Se ven desprotegidos.»
Su denuncia no es solo una queja genérica: se apoya en cinco puntos concretos, que resume así: la asimetría regulatoria en materia de emisiones de CO2, el dumping laboral y social, el uso de fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, la distorsión del mercado del tomate y, como eje central, el incumplimiento de la jurisprudencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Sáhara Occidental. La encuadra jurídicamente apoyándose en los principios de no discriminación, proporcionalidad y competencia leal, que considera esenciales para garantizar lo que llama un level playing field —un terreno de juego nivelado— en el mercado interior europeo.
«Esto se llama ruina, y se llama ilegalidad»
El núcleo de su denuncia, despojado de tecnicismos, es sencillo de entender aunque él lo explique con referencias a artículos y sentencias: a los agricultores españoles se les exige cumplir una normativa cada vez más estricta —medioambiental, laboral, sanitaria— mientras que productos que llegan desde Marruecos entran en el mercado europeo sin que nadie les exija lo mismo.
«Dentro de la Unión Europea se exige a los productores del sector primario el cumplimiento de unas normas fitosanitarias, ambientales y sociolaborales muy estrictas. Y luego se externaliza la producción a terceros países, sin exigir a esas importaciones los mismos estándares que se exigen a los productores propios. Eso se llama ruina, y se llama ilegalidad, porque se está jugando de manera desigual, con distintas reglas dependiendo de dónde venga el producto, y eso no puede estar permitido.»
Pone cifras concretas a esa desigualdad: según él, la hora de salario mínimo agrario en Marruecos ronda los veintiocho céntimos, frente a los aproximadamente quince euros que cuesta en España — una diferencia que cifra en torno al 900%. A eso suma que España debe cumplir con las exigencias del Pacto Verde europeo de cara a 2030: ampliar un 25% la superficie de agricultura ecológica, reducir un 50% el uso de fitosanitarios, bajar un 20% los fertilizantes y reducir la huella de carbono asociada al transporte. «Ellos no. Ellos pueden meter aquí lo que quieran. No hay huella de carbono en los transportes que meten al centro de Europa. Esa es una competencia desleal, leonina, vergonzosa.»
La Comisión Europea, sin embargo, no comparte esa lectura del problema. En la misma sesión, su representante no negó las cifras de Cervantes Rodrigo —llegó a decir textualmente que manejaban los mismos datos—, pero las situó en un marco muy distinto: según sus cálculos, la cuota de Marruecos sobre el total de importaciones de la Unión Europea apenas pasó del 7,2% al 7,7% entre 2015 y 2025, algo que calificó de incremento moderado. Sobre el contingente arancelario, la Comisión tampoco negó que se supere, pero recordó que el propio acuerdo prevé esa posibilidad: fuera de las 285.000 toneladas preferentes, Marruecos accede igualmente al mercado europeo con una reducción del 60% sobre el arancel, no con exención total. Y defendió que el acuerdo debe valorarse en su conjunto, no solo por el sector hortofrutícola: la Unión Europea mantiene superávit comercial con Marruecos desde 2022, apoyado en buena parte en las exportaciones de trigo, y otros sectores europeos —industrial, farmacéutico— también salen beneficiados.
Trasladada esa idea de «mirar el acuerdo en conjunto», la respuesta de Cervantes Rodrigo es tajante: «Prefieren vender Volkswagen y dejar al sector primario completamente desprotegido. Pero eso no es así de simple: es una decisión política, y se está vulnerando el Derecho. No se puede alegar lo que a uno le parezca; hay artículos concretos que se están incumpliendo, uno tras otro.»
El tomate que no se ve en las estadísticas
Cervantes Rodrigo defiende que España, como exportador de tomate, ha perdido un 35% de su cuota desde 2012, con una caída de producción del 31%. Cifra el impacto económico solo en Almería en torno a los 600 millones de euros, citando un informe de la Cámara de Comercio. Y denuncia que el contingente arancelario que el acuerdo fija para Marruecos —esas 285.000 toneladas anuales— se sobrepasa de forma sistemática, con un excedente de entre 230.000 y 240.000 toneladas cada año. Es, dice, la distorsión del mercado del tomate de la que habla en su denuncia, que conecta directamente con el uso de fitosanitarios prohibidos en la UE.
«Hay una distorsión en el mercado creada por la importación masiva de hortalizas, en este caso tomate. Eso está creando una disfuncionalidad en los precios, porque además no están cuantificando ni la cuota de carbono ni el tema fitosanitario.» Asegura que más de la mitad de las alertas del sistema europeo de alerta fitosanitaria registradas este año en España proceden de Marruecos, vinculadas al bromuro de metilo, una sustancia prohibida en suelo europeo.
El etiquetado: «Es un subterfugio»
El último punto de su denuncia tiene que ver con el Sáhara Occidental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia el 4 de octubre de 2024 estableciendo que los productos procedentes de ese territorio no pueden etiquetarse simplemente como marroquíes, precisamente porque su estatus jurídico está pendiente de resolución —no ha habido nunca un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y la ONU no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio—. Cervantes Rodrigo sostiene que la Comisión Europea ha esquivado esa sentencia con un truco de redacción.
«Lo que han hecho es un subterfugio, una elusión normativa de la jurisprudencia. La Comisión Europea ha optado por indicar productos regionales de Marruecos, que vienen de Dakhla o de El Aaiún, en lugar de señalar que proceden del Sáhara Occidental. Y eso es justo lo que la sentencia dice que no se puede hacer: el Tribunal establece que hay que poner Sáhara Occidental en el etiquetado.»
Para Cervantes Rodrigo, el problema no es solo legal, sino que afecta directamente al consumidor europeo, que cree estar eligiendo con información veraz y en realidad no puede. La etiqueta, dice, debería permitirle saber exactamente de dónde viene lo que compra y bajo qué condiciones se ha producido —y en su lugar, la fórmula elegida por Bruselas oscurece justamente eso.
La indiferencia de algunos eurodiputados
Si hay un momento de la sesión que Cervantes Rodrigo no termina de digerir, es la respuesta de la eurodiputada socialista Cristina Maestre. «A mí me dolió mucho que la señora Maestre no me apoyase. No lo comprendo.» Cuenta que ella defendió que, como alternativa, «hay que ser fuertes» frente a la situación del sector.
«Si esto sigue así, el año que viene puede haber un 40% de pérdida de cuota de mercado, y dentro de dos años un 50%. ¿Saben lo que significa eso? Plantaciones que no van a volver en la vida. Porque lo difícil es montarlas, y se pueden perder en un minuto, en cuanto dejan de ser viables. Hay explotaciones que llevan veinte o treinta años, que son intergeneracionales, que han pasado de padres a hijos, y que se van a venir abajo. Por los costes de la energía, por los fitosanitarios, y por todas las nuevas medidas medioambientales que tienen que cumplir y que no se les exigen a quienes importan de terceros países.»
Por el contrario, agradece el apoyo de la eurodiputada del PPE Carmen Crespo, también almeriense, y de Mireia Borrás, de Patriotas por Europa. Sin embargo, Cervantes señala: «Yo no soy político ni tengo relación con ningún partido. Me pagué el viaje y lo he hecho todo yo; esto es completamente aséptico.»
«Esto es una cuestión de sentido común»
Cervantes Rodrigo insiste en que, más allá de los argumentos legales, el problema es de sentido común. «Me da pena que España, siendo la cuarta economía de la zona euro, tenga que venir a Bruselas a explicar esto. No me parece justo que se nos trate así. Esto es serio.»
Recuerda que España aporta una cantidad significativa al presupuesto de la Unión Europea: «No podemos seguir con paños calientes. Se está legislando pensando en el norte de Europa, y aquí no se puede permitir que se esté incumpliendo todo de esta manera.»
Lo que pidió, y lo que queda ahora
Cervantes Rodrigo solicitó dos cosas concretas al Parlamento Europeo: que se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un dictamen sobre si el Acuerdo de Asociación con Marruecos, tal y como está configurado hoy, es compatible con el Derecho europeo —un procedimiento similar al que se siguió con el acuerdo de Mercosur—, y que se abra un procedimiento de infracción contra España por no garantizar a sus agricultores una competencia en igualdad de condiciones frente a terceros países. Ninguna de las dos peticiones ha sido resuelta todavía.
Según su propia lectura del resultado de la sesión, la Comisión de Peticiones no dio por buena la respuesta que ofreció el representante de la Comisión Europea. «El Parlamento Europeo ha decidido que las explicaciones que dio la Comisión no han sido suficientes. Queda abierta la denuncia, y eso queda registrado. Se volverá a retomar, para ver si se han llevado a cabo medidas correctoras.» Si no hay avances, explica, el Parlamento podría enviar relatores al terreno o abrir un debate específico sobre la situación.
Preguntado por qué espera que pase ahora, es claro: «Que se eleve el informe al Tribunal de Justicia, y que se abra el procedimiento de infracción a España. Ya veremos qué responde la Comisión. No sé por qué se está permitiendo esta situación. Evidentemente creo que hay intereses geopolíticos detrás, pero la realidad es flagrante.»
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