El trigo duro cordobés, contra las cuerdas por precios congelados y costes al alza

La rentabilidad del trigo duro en Córdoba se encuentra en mínimos históricos. Según ASAJA Córdoba, la mayoría de los cerealistas de la provincia ha cerrado la campaña 2025/26 con pérdidas, una situación que la organización agraria atribuye al desajuste entre el fuerte incremento de los costes de producción y unos precios de venta que no compensan el esfuerzo de los agricultores.

Una cosecha que no llega para cuadrar cuentas

Con el precio actual fijado en la Lonja de Córdoba, en torno a los 250 euros por tonelada, un agricultor necesita obtener 3.800 kilos por hectárea en secano y 4.400 kilos por hectárea en regadío únicamente para cubrir los costes de producción, según el análisis de ASAJA Córdoba, elaborado con datos reales de explotaciones de la provincia desde la campaña 2019/20 hasta la actual. En buena parte de las zonas cerealistas, los rendimientos obtenidos este año se han quedado muy por debajo de esas cifras, lo que ha provocado pérdidas generalizadas.

A esa exigencia productiva se suma un precio que apenas se ha movido en tres lustros: el 6 de junio de 2011 la Lonja de Córdoba cotizaba el trigo duro tipo 2 a 273 euros por tonelada, frente a los 250 euros actuales.

El coste que no deja de subir

Mientras el precio se mantiene estancado, los costes de producción no han dejado de crecer. En secano han pasado de 481 euros por hectárea en la campaña 2019/20 a 952 euros en la 2025/26, un incremento del 98 %; en regadío, de 640 a 1.062 euros por hectárea, un 66 % más. Esas cifras no incluyen otros gastos como los seguros agrarios, la carga fiscal o el coste de la tierra, que elevan aún más el desembolso del agricultor.

Los fertilizantes son uno de los principales responsables de esta escalada: representan ya cerca del 30 % del coste total del cultivo y siguen encareciéndose por los conflictos geopolíticos y las políticas comunitarias. La ratio entre el precio de la urea y el del trigo ha pasado de 1,1 en 2020 a 2,6 en la actualidad, lo que implica destinar unos 800 kilos de cosecha solo a pagar el fertilizante. A ello se añaden los tratamientos fitosanitarios en secano, que han subido de 63 a 192 euros por hectárea (+205 %), el encarecimiento de la semilla certificada durante las campañas 2021/22 y 2022/23 por su escasez, y unos gastos fijos en regadío —comunidades de regantes, energía, infraestructuras hidráulicas— que continúan creciendo incluso cuando el precio del cereal no llega a compensar el coste del riego.

Bruselas, en el punto de mira

ASAJA Córdoba señala además que las decisiones de la Unión Europea agravan la pérdida de competitividad del sector, en particular el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), que incorpora nuevas tasas a la importación de fertilizantes. La Comisión Europea ha anunciado una cláusula de salvaguardia que eliminaría esas tasas si los fertilizantes suben más de un 50 % respecto a la media de la última década, pero la organización considera la medida insuficiente, ya que para entonces el agricultor ya habrá abandonado el cultivo.

Para la organización, la falta de rentabilidad llevará inevitablemente a una reducción de la superficie dedicada al cereal e incluso al abandono del cultivo en próximas campañas, con el consiguiente descenso de la producción nacional, mayor dependencia de las importaciones y encarecimiento de los alimentos, lo que compromete la soberanía alimentaria y el relevo generacional en el campo. Por ello, ASAJA Córdoba reclama a las administraciones una reducción de los costes regulados, una mejora de los seguros agrarios, la revisión al alza de los precios de intervención y una política comercial europea que proteja a los productores comunitarios frente a importaciones de países con menores exigencias ambientales, laborales y sanitarias. «La soberanía alimentaria no puede quedarse en un eslogan», subraya la organización. «Solo será posible garantizar el abastecimiento de alimentos si se asegura la viabilidad económica de quienes los producen».