Quién ejecuta, quién concentra y quién se queda atrás en la PAC 2025

La campaña 2025 de la Política Agraria Común no se ha vivido igual en todas las comunidades autónomas. Los datos del balance del tercer año de aplicación del Plan Estratégico, elaborado por el Ministerio de Agricultura, permiten trazar un mapa desigual: mientras algunas regiones aceleran la concentración de la tierra y lideran la adopción del nuevo modelo ambiental, otras muestran señales de abandono agrario y retraso en la gestión de los fondos de desarrollo rural. Entre los extremos, la fotografía del campo español según la PAC 2025.

Una década de concentración que no afecta igual a todos

Entre 2014 y 2025, España perdió el 33,8% de sus beneficiarios PAC a escala nacional. Pero esa media oculta realidades muy distintas. La Comunitat Valenciana registra la mayor caída de toda España: un 59,2% menos de solicitudes en una década, pasando de 86.489 a 35.287. Y no solo pierde agricultores sino también superficie, un 24,6% menos, lo que apunta a un proceso de abandono más que de concentración. En el extremo opuesto, Cantabria apenas ha perdido un 11,2% de sus solicitantes con una superficie prácticamente estable.

El tamaño medio de explotación, calculado a partir de la superficie declarada y el número de solicitudes únicas por comunidad, sitúa a Castilla y León en 81,8 ha de media, seguida de Extremadura con 64,7 ha y Aragón con 62,6 ha, las tres grandes regiones cerealistas y ganaderas extensivas. El caso que más llama la atención es Madrid, con 70,8 ha de media: no responde a una agricultura extensiva consolidada sino a que han desaparecido casi la mitad de los agricultores desde 2014 (-44%) y los que quedan concentran fincas grandes. En el otro extremo, la Comunitat Valenciana no llega a las 12 ha de media y Andalucía y Galicia rondan las 21 ha.

El pago redistributivo llega a más agricultores en Andalucía que en ningún otro sitio

El pago redistributivo complementario, dotado con 481 M€, está diseñado para transferir recursos desde las grandes explotaciones hacia las medianas y pequeñas. En superficie beneficiada, Castilla y León lidera con 2,33 Mha, seguida de Andalucía con 1,98 Mha y Castilla-La Mancha con 1,86 Mha. Pero la lectura cambia radicalmente cuando se mira el número de beneficiarios: Andalucía tiene 206.378 perceptores del pago redistributivo, más del triple que Castilla y León con 57.448, pese a tener menos superficie total beneficiada. Eso refleja que en Andalucía el mecanismo llega a una base de agricultores mucho más fragmentada, lo que dice más sobre la estructura del minifundio andaluz que cualquier estadística de tamaño medio.

La brecha de los ecorregímenes

La penetración de los ecorregímenes sobre la superficie ABRS oscila entre el 96% de Castilla y León y el 63% de Murcia. Las comunidades de interior con agricultura extensiva de secano o ganadería atlántica lideran sin sorpresas: Aragón y Extremadura al 93%, Cantabria y País Vasco al 92%. Pero el dato que merece atención está en el Mediterráneo: Murcia se queda en el 63% mientras Andalucía, con una estructura agraria igualmente mediterránea, alcanza el 85%. Veintidós puntos de diferencia entre dos comunidades con tipos de cultivo comparables. El informe no da respuesta a esa brecha. La pregunta queda abierta: ¿es un problema de asesoramiento técnico, de estructura cooperativa, de composición específica de los cultivos murcianos? Los datos la plantean pero no la resuelven.

Asturias, con 191 M€ sin ejecutar, y el caso singular de País Vasco

La ejecución acumulada del programa de desarrollo rural a 31 de diciembre de 2025 es el indicador que refleja con más claridad las diferencias en capacidad de gestión entre comunidades. País Vasco ha ejecutado el 42,39% de su programa, más del doble de la media nacional del 18,88%, un resultado que no tiene parangón en ninguna otra comunidad y que sitúa al territorio vasco en una posición ventajosa de cara a los plazos de ejecución del periodo 2023-2027. Baleares le sigue a distancia con el 31,03%.

El caso más preocupante es Asturias. Con solo el 9,5% ejecutado sobre un programa de 211,6 M€, la comunidad acumula más de 191 M€ de fondos europeos pendientes de gastar a finales de 2025. De hecho las consecuencias de esa baja ejecución ya han comenzado a materializarse: el Principado perdió 9,51 M€ de la anualidad de 2023 del FEADER tras ejecutar solo el 62,52% de su partida, fondos que el Ministerio de Agricultura redistribuyó entre las comunidades con mejor desempeño. Navarra, con el 16,9%, y Extremadura, con el 17,7%, también quedan por debajo de la media pese a gestionar programas de gran envergadura. La dotación económica no explica las diferencias: Asturias y País Vasco tienen programas de tamaño relativamente similar y sus trayectorias de ejecución no podrían ser más distintas.