Cooperativas Agro-alimentarias de España y FEPEX han alertado sobre las graves carencias del sistema comunitario de autorización de productos fitosanitarios. Las organizaciones denuncian que la desaparición de sustancias activas esenciales está mermando la productividad y situando a los productores españoles en una situación de vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades, especialmente por las condiciones climáticas del sur de Europa.

La reducción de las herramientas disponibles para el control de cultivos coincide con un aumento de la presión de las plagas y la aparición de resistencias derivadas del cambio climático. Según las entidades, la falta de alternativas que sean eficaces agronómicamente y viables desde el punto de vista económico está dejando a los agricultores indefensos, comprometiendo la rentabilidad de las explotaciones a corto plazo.
Un factor crítico en esta crisis es la dependencia del interés comercial de las empresas titulares de las materias activas. Al estricto marco regulatorio se suma la retirada voluntaria de productos por parte de la industria cuando dejan de ser rentables, a pesar de que el sector los sigue necesitando. Esta situación deja «vacíos sanitarios» en cultivos donde no existen soluciones de sustitución preparadas.
Las organizaciones también señalan la incoherencia de un marco legal que permite aplicaciones desiguales entre los países miembros de la Unión Europea. Esta falta de armonización genera agravios comparativos entre productores y disfunciones en el mercado común, dificultando la competencia en igualdad de condiciones dentro del propio espacio europeo.
La distorsión competitiva se agrava con la entrada de productos de terceros países. Mientras los productores europeos afrontan restricciones severas, las importaciones acceden al mercado bajo exigencias fitosanitarias mucho menos estrictas. Según denuncian las entidades, esto no solo penaliza directamente al campo español, sino que también genera confusión en el consumidor final sobre los estándares de producción.
Ante la reforma normativa de sanidad vegetal que debaten actualmente la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros, el sector reclama cambios profundos. Exigen que cualquier retirada de sustancias vaya acompañada obligatoriamente de una alternativa real y que se establezcan periodos de transición suficientes para permitir una adaptación ordenada de las fincas.
Finalmente, Cooperativas y FEPEX instan a las administraciones a pasar de las declaraciones políticas a la acción legislativa. Piden una simplificación administrativa que dote al agricultor de una «caja de herramientas» eficaz y que se cumpla el principio de reciprocidad con las producciones de fuera de la UE para garantizar la viabilidad y la competitividad del modelo agroalimentario europeo.






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