El precio del gasóleo agrícola en Castilla y León ha registrado un incremento del 95,63% en lo que va de año, una escalada impulsada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán que ha neutralizado por completo las ayudas públicas. Según ha advertido COAG Castilla y León, la situación sitúa al sector ante la campaña más cara de la historia, con un sobrecoste de 7 M€ en la región por cada diez céntimos que sube el carburante.
Los últimos datos registrados por Coordinación Agraria el pasado jueves 9 de abril sitúan el litro de gasóleo B en 1,542 €, una cifra que supone casi duplicar el precio con el que cerró el año 2025. La organización agraria ha señalado que esta tendencia es extrapolable a toda la comunidad autónoma y destaca que, desde el inicio del enfrentamiento bélico en Oriente Medio, el coste del combustible se ha disparado un 60%.
La ayuda pública se desvanece ante el mercado
El encarecimiento del carburante ha absorbido ya la subvención de 20 céntimos aprobada por el Gobierno para mitigar los efectos de la guerra. La organización lamenta que la medida haya quedado disuelta por la tendencia alcista del mercado, justo cuando el campo castellanoleonés afronta las labores más importantes del ejercicio. Según los cálculos de la entidad, el impacto financiero para los agricultores y ganaderos de la región es crítico, ya que la factura total de combustible se eleva de forma masiva con cada movimiento al alza de las operadoras.
La organización ha denunciado además la existencia de un efecto cohete-pluma en los precios: mientras que los valores en el poste suben de forma inmediata ante cualquier inestabilidad, las bajadas vinculadas a treguas o descensos en el mercado del crudo se trasladan con extrema lentitud. Para el colectivo agrario, este fenómeno denota un componente especulativo que las operadoras mantienen para prolongar los precios altos.
Un límite negociado para frenar la especulación
Ante la falta de contundencia que, a juicio de la organización, muestran el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la entidad considera imprescindible establecer un tope regulatorio al precio de los carburantes agrícolas. Esta medida, que ya se analiza o aplica en países como Francia, Portugal, Hungría o Croacia, busca limitar la volatilidad y evitar abusos en sectores estratégicos.
La propuesta de la organización para evitar riesgos de desabastecimiento pasa por un modelo racional y pactado. La entidad sugiere topar únicamente el beneficio de la venta, aplicar la medida solo a sectores estratégicos como el agropecuario y el transporte, y limitar su vigencia a situaciones de crisis. Asimismo, abogan por acuerdos voluntarios con las distribuidoras en lugar de imposiciones, siguiendo el ejemplo del mercado francés.
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