Ayer, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió de urgencia con las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) y las cooperativas para abordar el grave impacto económico que la crisis y el conflicto en Oriente Medio están provocando en el sector primario.
En sus declaraciones durante el encuentro con la prensa, los representantes de las organizaciones agrarias escenificaron su hartazgo, exigiendo contundencia frente a unos sobrecostes que amenazan la viabilidad de miles de explotaciones, justo en un momento en el que, tras dos meses sin poder entrar al campo, se agolpan las tareas agrícolas.
41 millones de euros a la semana
Pedro Barato, presidente de ASAJA, fue especialmente contundente al ilustrar ante los medios la magnitud de la crisis. Según los cálculos de la organización, el sector agrario está asumiendo actualmente un sobrecoste de 41 millones de euros a la semana. «No estamos exagerando las circunstancias», aseguró, detallando que los fertilizantes han sufrido subidas de entre 150 y 280 euros por tonelada.
El impacto en el combustible es demoledor para el trabajo diario: «Si un tractor grande de 200 caballos consumía en torno a 450-500 litros de gasóleo y eso costaba, grosso modo, 400-500 euros, hoy vale 850-900», denunció Barato. Por ello, se exigen a Planas rebajas impositivas inmediatas, recordando que casi el 50% de la factura de un litro de gasóleo son impuestos que recauda el Estado. Asimismo, pidió que las ayudas no sean una medida lineal, sino inyecciones directas a aquellos profesionales «que gastan y que están generando empleo y riqueza», advirtiendo al Gobierno: «Igual que el Gobierno interviene el salario mínimo interprofesional, pues puede intervenir para que el agricultor y ganadero pueda seguir viviendo dignamente».
El efecto pluma
Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, centró sus declaraciones en la falta de justificación objetiva para estas subidas, denunciando un mercado dominado por prácticas abusivas. «Algunos están haciendo su agosto en el mes de marzo a costa de agricultores y ganaderos», reprochó Cano, señalando a unos pocos operadores muy concentrados.
Para frenar esta situación, UPA ha exigido la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con sanciones contundentes, criticando la asimetría en la fluctuación de los precios: «Estamos acostumbrados a que aumenten los precios como un cohete y luego ya, a la hora de bajarlo, lo hacen mucho más despacio, como una pluma». Cano insistió en que las ayudas públicas deben diseñarse para proteger a las explotaciones familiares, que son el eslabón más vulnerable, mientras que la industria de la distribución «tiene margen suficiente para maximizar sus beneficios».
«Se va a llevar a miles de explotaciones por delante»
Por su parte, Jesús Manuel González en representación de Unión de Uniones, reprocha la inacción del Ministerio y advierte de que la crisis es tan profunda que requiere la presencia en la mesa de los ministerios de Hacienda, Consumo y Transición Ecológica.
En sus reclamaciones, Unión de Uniones advirtió que el sector aún arrastra las consecuencias de la guerra en Ucrania y que el sobrecoste millonario no admite más esperas. «No sabemos a qué está esperando Planas para reunir al sector y explicar cuáles son los planes que tiene el Gobierno… Como se deje que la actual crisis se manifieste con la misma virulencia que la anterior, se va a llevar a miles de explotaciones por delante», sentenciaron desde la organización.
Con la mirada puesta en este viernes, fecha en la que el Consejo de Ministros extraordinario aprobará previsiblemente el «Plan de Respuesta Integral», el campo espera que estas exigencias se traduzcan en el Boletín Oficial del Estado con medidas reales, en el surtidor y sin burocracia que asfixie la liquidez de los agricultores.
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