El Decreto-ley 3/2025, publicado el 4 de junio, establecía un sistema de ayudas para explotaciones de ovino que en 2024 sufrieron pérdidas superiores al 30% a causa de la lengua azul, así como para productores de cereza afectados por las intensas lluvias de la primavera de ese mismo año. Según lo fijado en el Reglamento (UE) 2024/3242, estas ayudas debían resolverse antes del 30 de junio y abonarse antes del 31 de diciembre de 2025.

La Junta de Extremadura ha efectuado a primeros de julio el pago a la totalidad de los ganaderos de ovino afectados y a una parte de los productores de cereza. Sin embargo, unos 660 agricultores continúan sin tener resueltos sus expedientes ni haber recibido las compensaciones correspondientes. Consultada por este retraso, la administración ha justificado la situación en la carga de trabajo que supone la revisión de la documentación presentada, según denuncia La Unión de Extremadura.

Críticas a la gestión y trato desigual

El colectivo de productores que no comercializan a través de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFHs) es el que está sufriendo este retraso, lo que para las organizaciones agrarias refleja una discriminación. La Unión considera que la Consejería de Agricultura está penalizando a quienes no forman parte de estas estructuras, generando una desigualdad en el acceso a las ayudas.

La organización denuncia que unas compensaciones dirigidas a paliar pérdidas ocurridas en la primavera de 2024 estén pendientes de resolución en pleno invierno de 2025, lo que cuestiona la capacidad de gestión de la administración regional. En consecuencia, La Unión ha solicitado la resolución inmediata de los expedientes y reclama a la Junta de Extremadura que cumpla con la normativa europea y garantice un trato equitativo a todos los productores.