El próximo 1 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebrará una audiencia clave sobre la legalidad de la retirada del mancozeb, un fungicida esencial para el control del tizón tardío en el cultivo de patata. La sesión corresponde al recurso C‑262/23 P y podría allanar el camino para su reaprobación en la UE, una medida que esperan con expectación los agricultores y cooperativas europeas.
La impugnación se basa en que la Comisión Europea no tuvo en cuenta los criterios actualizados de clasificación emitidos por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) al evaluar la toxicidad del mancozeb. Según los demandantes, se emplearon directrices obsoletas que no reflejan el estado actual del conocimiento científico, especialmente en lo referente a su clasificación como sustancia reprotóxica.
Este procedimiento judicial llega en un momento crítico para la sanidad vegetal en Europa. El tizón tardío está apareciendo cada vez más temprano en la temporada, incluso antes de que termine la siembra en algunas regiones, y con nuevas cepas más agresivas que superan tanto las variedades resistentes como los fungicidas actualmente autorizados.
Desde su retirada en 2020, el mancozeb —un producto multisitio de bajo coste con eficacia demostrada en la gestión de resistencias— ha dejado un vacío difícil de cubrir. La mayoría de fungicidas disponibles en el mercado se basan en modos de acción de un solo sitio, más vulnerables al desarrollo de resistencias. Además, varias de estas sustancias están siendo revisadas por las autoridades regulatorias, lo que reduce aún más las alternativas disponibles para los productores.
Ante este escenario, el sector ha reforzado su apuesta por estrategias sostenibles. Copa y Cogeca han lanzado el Plan de Acción 2024 para fortalecer el manejo integrado de plagas, impulsar el uso de variedades resistentes y mejorar la coordinación en la cadena de valor. Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue deteriorándose.
Por ello, el sector considera que esta audiencia trasciende el ámbito legal y pone a prueba la capacidad de la UE para basar sus decisiones regulatorias en evidencia científica actualizada y en las necesidades agronómicas reales. Copa y Cogeca han pedido a las instituciones europeas que garanticen el acceso de los agricultores a herramientas eficaces, sin comprometer los estándares comunitarios de salud, seguridad y sostenibilidad.
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