La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha realizado esta semana una ronda de reuniones en Bruselas para abordar el proceso de aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado mes de octubre declaró ilegal la inclusión del Sáhara Occidental en el acuerdo comercial agrícola entre la UE y Marruecos. Seis meses después del fallo, COAG denuncia la falta de información y reclama transparencia y protección para los productores europeos.
La delegación, encabezada por el responsable estatal de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha trasladado sus preocupaciones a representantes de la Comisión Europea, eurodiputadas españolas del Parlamento Europeo y miembros de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. COAG considera clave que la solución que se adopte para cumplir la sentencia respete la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria, y no dañe la rentabilidad de los agricultores españoles.
Falta de avances y preocupación por la transparencia
Según COAG, la aplicación de la sentencia avanza sin apenas comunicación institucional. “Hasta ahora, la información recibida es prácticamente nula. Hay muy poca transparencia y consideramos clave la participación de instancias como el Parlamento Europeo durante el proceso”, ha señalado Góngora.
La organización alerta de que cualquier medida adoptada no puede suponer una carga adicional para el sector de frutas y hortalizas de España y del conjunto de la UE. “Estamos vigilantes ante las decisiones que se están tomando. No aceptaremos medidas que vengan a dañar aún más nuestra rentabilidad y, para ello, continuaremos trabajando en varios frentes, especialmente en los meses que restan hasta el plazo límite de aplicación de la sentencia”, ha insistido el representante de COAG.
Un fallo histórico y un periodo transitorio
La sentencia del TJUE dictamina que el acuerdo agrícola UE-Marruecos, modificado en 2019 para extender sus beneficios a los productos originarios del Sáhara Occidental, viola el derecho internacional. El tribunal subraya que no se ha respetado el principio de autodeterminación ni el consentimiento del pueblo saharaui, confirmando la anulación de la Decisión del Consejo que ampliaba las preferencias arancelarias a dicho territorio.
No obstante, el fallo permite mantener en vigor el actual régimen comercial durante un periodo de doce meses, hasta el 4 de octubre de 2025, a fin de permitir la adaptación del marco jurídico y comercial entre ambas partes.
Reclamaciones del sector ante el impacto continuado
COAG ha pedido que se habiliten compensaciones específicas para los productores afectados y se refuercen mecanismos ya existentes como los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), con el objetivo de mitigar los daños económicos derivados del incremento sostenido de las importaciones procedentes de Marruecos y el Sáhara Occidental.
La organización recuerda que estas importaciones llevan años provocando una fuerte presión sobre los precios y sobre la viabilidad de las explotaciones hortofrutícolas. Por ello, COAG exige que cualquier reestructuración del acuerdo con Marruecos tenga en cuenta el impacto acumulado sobre el sector agrícola europeo y garantice medidas correctoras.
La entidad ha confirmado que seguirá trabajando en el ámbito institucional y legal para defender los intereses de los agricultores españoles ante esta situación y vigilará de cerca la evolución de las negociaciones en Bruselas hasta que se alcance una solución definitiva.
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