Así se lo ha trasladado la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos al Ministerio de Agricultura y al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Han pedido que la justificación del ecorrégimen de pastoreo en extensivo sea lo más sencilla posible, de cara a que no sea condicionante para la toma de decisiones en la ganadería, especialmente en explotaciones de montaña, minifundistas y con base territorial fragmentada.
Uno de los principales problemas señalados es la existencia de parcelas que, aunque funcionalmente son únicas, están registradas en términos municipales distintos, lo que obliga al ganadero a disponer de varios códigos REGA y guías de movimiento ficticias para justificar una actividad que en la práctica no implica desplazamiento real del ganado.
En zonas donde el uso de pastos comunales es habitual, como en la Cornisa Cantábrica, la situación se agrava. Las explotaciones pueden verse obligadas a vincular hasta 12 códigos REGA, abarcando pastos comunales de distintas temporadas y municipios, lo que genera una carga administrativa especialmente gravosa en comarcas de montaña o marcadas por el minifundio.
Además, cualquier variación en el calendario de pastoreo que supere los 15 días obliga a realizar trámites adicionales, aunque la actividad ganadera se mantenga sin cambios, lo que en contextos de alta variabilidad meteorológica supone una dificultad añadida.
Unión de Uniones lamenta que estas exigencias parezcan diseñadas pensando en grandes explotaciones de cientos de hectáreas, dejando fuera de la realidad a las pequeñas y medianas explotaciones que caracterizan muchas comarcas ganaderas del norte de España. Subrayan que, a pesar del esfuerzo requerido, los importes recibidos por hectárea en 2024 oscilan entre los 27,2 y los 54,5 €, lo que en muchas ocasiones no compensa los costes administrativos.
La organización ha solicitado que el Ministerio y el FEGA ejerzan una labor de coordinación para que las comunidades autónomas afectadas revisen sus protocolos de control y adopten las buenas prácticas aplicadas en otras regiones. En concreto, proponen que se elimine la obligación de guías de movimiento entre municipios colindantes y se simplifiquen los requisitos para parcelas pequeñas, adaptando los controles a la realidad del territorio y evitando penalizar a las explotaciones más frágiles.
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