La obligación de indicar claramente el origen de las frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental en su etiquetado sigue sin aplicarse de forma efectiva en España, a pesar de la sentencia emitida el pasado 4 de octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así lo ha denunciado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que reclama al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que garantice el cumplimiento de esta resolución judicial.
La sentencia del TJUE establece que las frutas y hortalizas cultivadas en el Sáhara Occidental deben etiquetarse como originarias de ese territorio, ya que se trata de una región distinta de Marruecos, tanto geográfica como aduaneramente. La resolución se enmarca en el asunto C-399/22, iniciado por el sindicato francés Confédération paysanne ante el Consejo de Estado de Francia, y responde a la preocupación por las importaciones de melones y tomates cultivados en el Sáhara Occidental pero etiquetados como marroquíes.
COAG ha enviado un escrito al ministro responsable para conocer qué medidas está tomando el Gobierno español para aplicar esta sentencia de forma efectiva. La organización considera que este fallo europeo refuerza sus denuncias sobre el etiquetado fraudulento de productos agrícolas que, pese a proceder del Sáhara Occidental, aparecen identificados como originarios de Marruecos en los supermercados europeos, incluido el mercado español.
Durante las últimas campañas, COAG ha detectado un notable aumento de las importaciones de ciertas hortalizas como el tomate cherry, cuyas entradas desde Marruecos se habrían incrementado en un 269% entre 2014 y 2024. La organización sostiene que parte de esa producción procede realmente del Sáhara Occidental, donde operan grandes empresas que exportan sus productos a la UE sin especificar su verdadero origen.
Desde COAG se denuncia que esta falta de transparencia vulnera los derechos de las personas consumidoras, que no pueden saber con certeza el origen real de los alimentos que adquieren. Además, esta situación perjudica a los productores europeos, que compiten en desventaja, y a la propia población saharaui, cuya tierra se estaría explotando sin la debida trazabilidad en los canales comerciales internacionales.
La organización insiste en que la sentencia del TJUE obliga a actuar de inmediato, ya que cualquier etiquetado que haga pensar que estos productos proceden de Marruecos constituye una práctica engañosa, contraria al Derecho de la Unión. Por ello, exige al Ministerio que ponga en marcha mecanismos de control para impedir que continúe esta situación y garantizar así una información veraz al consumidor.
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