El anuncio del presidente de Estados Unidos de imponer un arancel adicional del 20% a los productos procedentes de la Unión Europea ha generado una fuerte reacción en el sector agroalimentario, tanto en España como en otros países comunitarios. Las organizaciones agrarias, cooperativas y patronales han instado a las instituciones europeas y al Gobierno español a actuar con rapidez y firmeza para evitar un deterioro aún mayor de las relaciones comerciales transatlánticas.
Desde COAG se ha calificado esta guerra comercial como un «despropósito sin sentido» que perjudicará tanto a productores como a consumidores, incluidos los estadounidenses. Según la organización, los nuevos aranceles afectarán de manera directa e indirecta a sectores como el del vino y el aceite de oliva, cuyas exportaciones a EE. UU. rondan los 1.000 M€ anuales. COAG ha pedido firmeza diplomática y ha advertido que no tolerará prácticas especulativas en la cadena agroalimentaria que aprovechen esta situación para presionar los precios en origen.
Asaja, por su parte, ha pedido a la UE que no incluya productos agroalimentarios en su posible respuesta comercial, recordando que este tipo de decisiones han resultado perjudiciales en conflictos anteriores. La organización ha reclamado al Gobierno español que esté preparado para activar ayudas de Estado en cuanto se detecten efectos reales sobre el campo, y ha exigido a la Comisión Europea un refuerzo inmediato de los fondos de promoción exterior para amortiguar el impacto de los aranceles.
En la misma línea, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha mostrado su preocupación por las consecuencias del nuevo gravamen y ha pedido que se agote la vía diplomática con Estados Unidos. La organización considera prioritario evitar una escalada de tensiones y recuerda que la relación comercial entre ambos bloques ha sido históricamente beneficiosa para las dos partes, generando intercambios estratégicos y permitiendo una mayor eficiencia productiva.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) también ha lamentado el anuncio, destacando que estas decisiones afectan negativamente tanto a empresas como a consumidores a ambos lados del Atlántico. La Federación ha respaldado las medidas del Gobierno español, y ha subrayado la necesidad de reducir costes regulatorios, mejorar la competitividad y reforzar la presencia de los productos españoles en el mercado estadounidense, sin renunciar a él como destino prioritario.
FIAB ha recordado que aún siguen vigentes los aranceles impuestos durante el conflicto Airbus-Boeing, que en su momento afectaron al 53% de los productos alimentarios españoles exportados a EE. UU., así como los aranceles aplicados a la aceituna negra de mesa. La federación ha pedido una resolución definitiva de estos contenciosos, en un momento en que España cuenta con cerca de 18.500 compañías exportadoras de alimentos y bebidas y ocupa una posición destacada en el comercio agroalimentario mundial.
En este contexto, el conjunto del sector ha coincidido en que el enfoque debe centrarse en evitar nuevas represalias, proteger la competitividad del agro español y ampliar mercados mediante la diversificación comercial y la ratificación de acuerdos que refuercen el posicionamiento internacional del producto europeo.
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