El Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. El incremento aprobado eleva el salario minino mensual a 1.184 € brutos en 14 pagas, por tanto, quedaría en 16.576 € brutos anuales, 700 € más que en 2024.

En 2016, el salario mínimo interprofesional era de 655,20 € brutos al mes, que en 14 pagas se elevaba a 9.172,80 € brutos anuales. Por tanto, en 10 años, el SMI se ha incrementado en 7.403,20 €, es decir, una subida del 80%.

Habitualmente, cuando el Gobierno ha subido el SMI, ha incrementado el mínimo exento para tributar en el IRPF. No obstante, esta vez, no lo ha hecho así. El gobierno no ha modificado el mínimo exento, por lo que habrá trabajadores a los que esta subida les suponga tener que presentar la declaración de la renta. Desde el 1 de enero de 2024, están obligados a presentar la declaración del IRPF los que han percibido un salario bruto superior a 15.876 euros si se ha tenido más de un pagador. Si se tiene un solo pagador, el mínimo exento es 22.000 €.

El campo no aguanta más

ASAJA denuncia que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la quinta consecutiva sin consenso con la patronal, supone un golpe insostenible para el sector agrario, que ya enfrenta una crisis estructural debido al aumento de los costes de producción, costes salariales y sociales, y a la falta de mano de obra.

El presidente de Asaja, Pedro Barato considera que «cualquier subida del salario mínimo es inasumible en el campo. Desde 2016, el incremento ha sido del 80%, lo que está llevando al límite a muchas explotaciones».

El incremento aprobado eleva el salario mínimo neto a 1.184€ por 14 pagas, pero el coste real para el empresario agrícola será de 1.925€ por trabajador. De este importe, el trabajador verá descontados 720€ en cotizaciones e IRPF, un aspecto que el Gobierno no aclara y que afecta directamente a los asalariados del campo.

ASAJA ha solicitado reiteradamente, “sin éxito”, bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para amortiguar esta subida, un período transitorio amplio para la aplicación de la medida en el sector agrario y flexibilización en la contratación de temporeros para evitar la pérdida de campañas clave.

Además, de la subida del precio de los insumos y de la reforma laboral rígida, los problemas del sector agrario se han agravado con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que aumentará el déficit de mano de obra.