El Comité Permanente del Convenio de Berna votó ayer a favor de la propuesta de la UE de adaptar el estatus de protección del lobo de «estrictamente protegido» a «protegido». El cambio entrará en vigor el 7 de marzo de 2025. Después de esa fecha, la UE podrá adaptar los anexos correspondientes de la Directiva de Hábitats .
Este cambio dará mayor flexibilidad a los Estados miembros para gestionar sus poblaciones locales de lobos. Al mismo tiempo, dado que el lobo seguirá siendo una especie protegida, las medidas de conservación y gestión de los Estados miembros deberán seguir alcanzando y manteniendo un estado de conservación favorable.
La Comisión propondrá una modificación legislativa específica a tal efecto, que deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir, que cada estad miembro deberá ratificarlo.
Por este motivo, desde ASAJA instan al Gobierno de España a alinearse con este cambio, que favorecería la convivencia entre el lobo y la ganadería. Se deben tomar medidas inmediatas y eficaces, dada la situación insostenible que padece el sector ganadero del noroeste español.
En este sentido, ASAJA reclama que las indemnizaciones a ganaderos que sufren los ataques de lobos incluyan el lucro cesante, la pérdida genética, los abortos causados por el estrés tras el ataque y que las denuncias se reconozcan mediante una declaración responsable si no se logra encontrar el crotal del animal. Además, insta a la Administración a que colabore con las entidades bancarias para agilizar los pagos indemnizatorios.
Asimismo, ASAJA insta ahora a la Comisión Europea a que incluya a los ganaderos que sufren los ataques de grandes carnívoros dentro de la nueva partida anunciada por el comisario de Agricultura, Christopher Hansen, destinada a la salud mental, puesto que es uno de los motivos que daña el bienestar emocional de los ganaderos, que se sienten desprotegidos y abandonados.
ASAJA también ha resaltado que ejercerá una vigilancia exhaustiva cuando el Gobierno de España vuelva a enviar el censo lobero a la CE para evitar que vuelva a enviar cifras anticuadas que no responden a la realidad.
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