La Comisión Europea continúa evaluando las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que cuestionan aspectos clave del acuerdo agrícola con Marruecos. Estas decisiones, emitidas en octubre, anulan la extensión de las preferencias arancelarias a las producciones del Sahara Occidental y obligan a etiquetar claramente estos productos con su origen real. A pesar de la importancia de estas resoluciones, todavía no se han definido acciones concretas para garantizar su aplicación.

Durante la reciente reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, se insistió en la necesidad de proteger a los productores comunitarios frente a las importaciones marroquíes. Se subrayó que las concesiones agrícolas a Marruecos han generado un notable aumento de las importaciones desde este país, afectando negativamente a sectores como los frutos rojos y el tomate. Además, se expresó preocupación por la falta de controles aduaneros efectivos que garanticen el cumplimiento de las condiciones acordadas en el marco del acuerdo.

Otro tema destacado fue la obligación de etiquetar los productos del Sahara Occidental con su origen. Los participantes exigieron mayor claridad en los procedimientos de control aduanero para asegurar que los consumidores puedan identificar correctamente el origen de los productos. También se planteó la necesidad de revisar el régimen de precios de entrada de productos como el tomate marroquí, cuya implementación no se está cumpliendo adecuadamente.

Las producciones marroquíes fueron señaladas como una fuente de competencia desleal, al no cumplir con los mismos estándares que las comunitarias en cuanto a calidad, seguridad y sostenibilidad. Esta situación pone en desventaja a los agricultores europeos, quienes ya enfrentan dificultades para competir en igualdad de condiciones. Además, se reclamó que la Comisión adopte medidas más estrictas para garantizar que las importaciones cumplan con los requisitos establecidos.

La estricta aplicación de la sentencia del TJUE debería excluir las producciones hortofrutícolas del Sahara Occidental de las ventajas arancelarias concedidas a Marruecos en un plazo de un año. Esto no solo contribuiría a la sostenibilidad económica y social de los productores europeos, sino que también reforzaría la transparencia y la confianza en el comercio internacional dentro de la Unión Europea, como indica Fepex.