La Unió Llauradora informa que el sistema europeo de alertas en alimentos RASFF ha detectado en el mes de marzo un total de 83 alertas de productos hortofrutícolas de terceros países con materias activas no autorizadas en la UE o por superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos, lo que supone un 48% más que en febrero.
Si en marzo los datos van al alza, aún son superiores si sumamos todo 2024. En los tres primeros meses del año la suma asciende a 226 alertas, un 90% más que en 2023. Turquía alcanza las 26 alertas en el mes de marzo y 77 en los primeros tres meses del año, lo que significa un aumento del 86 y del 46%, respectivamente. Por su parte Egipto tiene 13 alertas en marzo y 32 en todo 2024, lo que representa una subida del 86 y 78%, respectivamente. Por lo que se refiere a cítricos los datos indican también un incremento de las alertas. Hay 17 en marzo (+31%) y 52 en el acumulado del primer trimestre de 2024 (+24%). Turquía aumenta sus alertas en marzo un 120%.
LA UNIÓ insta a la Unión Europea a no autorizar aquellas importaciones de productos de terceros países que contengan materias activas cuyo uso no está autorizado aquí, como por ejemplo el Clorpirifos y Metil clorpirifos. También conmina al Gobierno de España a seguir la línea de lo que ha hecho ya Francia con la materia activa fosmet y las importaciones de cerezas, ya que prohibió su entrada en territorio galo durante el periodo de un año cuando este insecticida proceda de países terceros donde su uso esté permitido.
La organización también aboga por aumentar hasta el 50% los controles oficiales a los productos importados de países con un número elevado de alertas como Turquía y Egipto, que en la actualidad se sitúan en el 30 y 20%, respectivamente, para algunos cultivos. “Habría que unificar los controles ante el continuado incremento de las alertas para ofrecer una mayor seguridad alimentaria a la ciudadanía europea”, indica Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ. Otra petición pasa porque si se observa un incremento del 5% de las alertas en algún producto, se cierren automáticamente las importaciones turcas o egipcias de esos productos agrícolas con restos de pesticidas no autorizados en la UE o que superen los LMR establecidos. Del mismo modo pide reforzar y dotar de mayores recursos el sistema RASFF para ser todavía más eficiente en la detección al incrementarse el número de inspecciones.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “no puede ser que exista manga ancha para los terceros países a la hora de entrar con sus productos en los mercados europeos, mientras aquí nosotros hacemos esfuerzos en la reducción del uso de pesticidas que nos han provocado más dificultades para controlar las plagas y mayores costes productivos que debemos asumir”.
La organización justifica su petición por distintos motivos y, el primero, es el de ser coherente en la política de la UE de desautorización del uso de ciertas sustancias activas sobre el argumento de evitar riesgos para la salud para los consumidores europeos. “Es incomprensible que se retiren del uso ciertos fitosanitarios en la producción europea y que luego nos los podamos encontrar en los productos que importamos. Eso es engañar y jugar con la salud de los consumidores europeos”, critica.
En la misma línea, además, la entrada de estos productos genera una clara competencia desleal para los agricultores de la Unión Europea que no tienen los mismos mecanismos de lucha contra las plagas y que ven cómo aumentan también sus costes de producción, con pérdidas evidentes en un porcentaje de fruta que no es útil para salir a los mercados o mayores gastos por la lucha biológica y disponer de tratamientos menos efectivos.
LA UNIÓ pide que se realice un análisis de riesgo sobre las importaciones de productos de lugares donde se usen sustancias no autorizadas en la UE y, en base, a los resultados, se adopten las restricciones necesarias para salvaguardar la salud de los consumidores y evitar la competencia desleal que distorsiona los mercados de nuestras producciones. Del mismo modo, insta a la Comisión Europea a que los países con los que firma acuerdos comerciales asuman un compromiso de reducción de uso de fitosanitarios o pesticidas y a acelerar los trabajos para implantar las cláusulas espejo en el marco de la Estrategia de la Granja a la mesa. “Hay que alinear las relaciones comerciales de la UE a las normas de producción europeas. Con el encarecimiento de los costes de producción, hay que exigir a los productos importados los mismos requisitos fitosanitarios, ambientales, de seguridad y éticos que están regulados para las producciones europeas”, asegura Peris.
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