El consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Luengo, ha denunciado que el escaso impacto que el incremento del caudal ecológico del río Tajo tendrá sobre el estado de sus aguas, frente al grave alcance socioeconómico que esta medida supondrá para la cuenca del Segura. Concretamente ha subrayado que la elevación en sólo dos centímetros del caudal del Tajo a su paso por Aranjuez, «apenas perceptible y de más que discutible alcance medioambiental, es capaz de hundir socioeconómicamente a la Región de Murcia».
El consejero señaló que las pérdidas que derivan de este «brutal e injustificado recorte» se resumen en una disminución del 15,62%o de la superficie de regadío, que debería pasar a secano o ser abandonada como explotación agraria, con la pérdida de unas 27.314 hectáreas; una caída del precio de la tierra, más el lucro cesante experimentado por las explotaciones a través del margen neto que se cifra en cerca de 5.700 millones de euros; y el despido de más de 15.000 trabajadores, con las consiguientes prestaciones económicas derivadas de la pérdida del empleo.
La alternativa que presenta como «panacea» el Gobierno central a esta «disminución radical» de los caudales del Trasvase Tajo-Segura es el agua desalada, pero «la planificación hidrológica aprobada no incluye la sustitución del trasvase Tajo-Segura por agua desalada, ya que lo que el Plan de Cuenca recoge como objeto de la desalación es paliar la sobreexplotación de los acuíferos y cubrir la infradotación de agua de las comunidades de regantes», aseguró.
Luengo expuso, además, que «el precio medio subvencionado del agua desalada, que el Gobierno de España ha vendido situándolo en 32 céntimos/m3, se convertirá en una cantidad de entre 50 y 60 céntimos/m3 al aplicar IVA, peajes, transportes, etc. Es un agua muy cara, incluso con subvención, que solo puede pagarse por las explotaciones económicamente más solventes, y que renuncia a cualquier consideración social de los riegos. Las explotaciones más modestas no podrán soportar estos precios actuales y futuros y se verán abocadas a su desaparición paulatina».
«Al problema del precio hay que sumarle la calidad del agua, que no permite el riego directo, y las graves consecuencias medioambientales intrínsecas de su producción, al tener grandes emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la problemática de la gestión de la salmuera resultante», añadió el Luengo.
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