El largo y complejo proceso de reforma de la Política Agraria Común se acerca a su final. Tras el acuerdo a nivel europeo, ahora el debate se recrudece dentro de nuestras fronteras. Un debate que el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas pugnan por controlar, pero en el que las voces de los verdaderos destinatarios, los agricultores y ganaderos, son las que deben escucharse “con mayor atención”.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha valorado el anuncio del Ministerio de Agricultura de someter a consulta pública el Plan Estratégico nacional de la PAC. “Hay que escuchar todas las voces y opiniones, pero sobre todo hay que tener en cuenta los retos que tenemos como país, y en esos retos el principal actor debe ser el productor de carácter familiar”, ha asegurado UPA.
La organización agraria considera que el Plan Estratégico debe establecer medidas de apoyo prioritario a las explotaciones familiares y profesionales, que suponen la base de la producción de alimentos en España. “El acuerdo entre los Estados Miembros dota al Ministerio de Agricultura y a las CC.AA. de herramientas suficientes para que así sea”, remarcan.
El modelo social que representa UPA debe contar con “ayudas asociadas importantes”. “El aumento del presupuesto dedicado a estas ayudas es una buena noticia, pero es indispensable que el Ministerio vuelva a incluir el criterio de degresividad”, han señalado, en referencia a dotar de más apoyos a las primeras hectáreas y cabezas de ganado.
Asegurar un reparto más justo de las ayudas
UPA cree ”indispensable” que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que las grandes explotaciones no puedan eludir el techo por explotación, evitando así recaudar fondos suficientes para la puesta en marcha de la ayuda redistributiva. “No tiene ningún sentido que las grandes explotaciones puedan ver recortado el apoyo público por vía de la ayuda básica, y que posteriormente lo recuperen por las ayudas asociadas o los ecoesquemas”, recuerdan.
Desde UPA recalcan que los requisitos tanto de la condicionalidad, como para el cumplimiento de los ecoesquemas deben ser “realistas” y, si es necesario, estableciendo determinadas excepciones que permitan que la actividad agrícola y ganadera pueda seguir siendo fuente de riqueza en el medio rural.
Esta organización considera que es necesario presentar formalmente una propuesta definitiva ya, que dote de seguridad a los agricultores y ganaderos y que permita elaborar la normativa de desarrollo “con calma”. El objetivo debe ser que en el otoño de 2022 los titulares de las explotaciones agrarias tengan toda la información para planificar la campaña siguiente, que ya estará afectada por los requisitos del Plan Estratégico.
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