Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles asistirán con enorme interés a los debates que tendrán lugar la semana que viene en el seno de la Unión Europea. Los días 26 y 27 se celebrará un Consejo de Ministros de la UE que será decisivo en relación al paquete legislativo de la futura PAC: planes estratégicos, financiación y la organización común de mercado agrícola (OCM).
Este Consejo coincidirá con el denominado “supertrílogo”, la reunión entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos que deberá cerrar los últimos temas pendientes y poder llegar a un acuerdo el 28 de mayo.
En este contexto, el Ministerio de Agricultura ha anunciado la convocatoria de una conferencia sectorial con las Comunidades Autónomas para el 11 de junio en la que se abordará de manera monográfica la futura PAC y se negociará el acuerdo político de la aplicación de la PAC en España, que dará lugar a la posterior redacción del Plan Estratégico Nacional, que debe ser presentado antes de final de año a la Comisión Europea.
UPA reclama una PAC con “justicia social”
UPA ha exigido que la nueva PAC se aplique con criterios de “justicia social”. “Nos jugamos el modelo de progreso y modernización del campo español durante las próximas décadas”, han asegurado.
La agricultura y ganadería familiar exige firmeza para un mejor reparto de los apoyos a través de la nueva modalidad de ayudas redistributivas, así como el establecimiento de los techos máximos, con el fin de poder acabar, de una vez por todas, con el desigual destino de la mayor parte de las ayudas a las grandes explotaciones, como viene sucediendo desde hace décadas.
Por otro lado, los cambios que se deben establecer en la definición de las regiones y los derechos históricos deben ser “con criterios políticos”. “Estamos ante la oportunidad definitiva para cambiar el modelo y facilitar la incorporación de nuevos agricultores y ganaderos con derecho a ayudas de la PAC”, remarcan desde UPA.
Sobre los “ecoesquemas”, una de las principales novedades de la futura PAC, UPA cree que son “un objetivo razonable”, pero su eficacia dependerá de que se garantice el equilibrio entre la realidad productiva de España y las mejoras en la lucha contra el cambio climático y la protección de los recursos naturales.
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